Un estudio del BID alerta sobre vulnerabilidad climática de República dominicana, con pérdidas por US$676 millones

Santo Domingo, RD.- El Banco Interamericano de Desarrollo advierte, como resultado de un estudio sobre la situación climática en América Latina, que la República Dominicana es altamente vulnerable a las amenazas naturales, con pérdidas estimadas en 676 millones de dólares.

En la investigación se señala que las políticas de resiliencia climática pueden reducir los costosos daños causados por los desastres y promover los objetivos de desarrollo sostenible para los países de América Latina y el Caribe.

Así se destaca en el informe “Desarrollo en las Américas: Peligro y Promesa” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se añade que esas políticas pueden favorecer economías más sólidas, la creación de empleo y la innovación.

En el estudio, que acaba de ser publicado, se proporcionan análisis detallados y recomendaciones para adaptarse a los impactos climáticos y fenómenos extremos en las economías de la región, incluyendo el impulso de la resiliencia de la infraestructura, el fortalecimiento de la gobernanza y el cierre de la brecha de financiamiento climático.

Estos temas son de especial relevancia para República Dominicana, que es altamente vulnerable a las amenazas naturales. Según estimaciones del BID y del Banco Mundial, el país podría perder US$ 676 millones cada año únicamente a causa de los ciclones tropicales que, actualmente, ya ocasionan pérdidas del 2,3% de su PIB, y existe una probabilidad del 1% de que estas pérdidas superen los US$ 13,8 mil millones (11,3% del PIB) de ocurrir un huracán de impacto catastrófico.

Se señala que el incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y las tormentas, amenaza el crecimiento económico de la región, siendo las zonas más pobres y las de climas más cálidos las que más sufren.

Según The Weather Company y Atmospheric G2, todo indica que en 2025 habrá una actividad ciclónica muy elevada en la cuenca del Atlántico, donde se encuentra la República Dominicana. Se espera que este año se formen 19 tormentas ciclónicas, de las cuales 9 podrían convertirse en huracanes y 4 alcanzarían la categoría 3 o superior, una cantidad muy por encima de la media de los últimos 30 años.

En el informe del BID se hace un llamado a proporcionar servicios de infraestructura resilientes, que abarcan desde el agua hasta el transporte, mediante la actualización de los sistemas existentes, la mejora de los materiales, el diseño y las prácticas de mantenimiento, así como la integración de soluciones basadas en la naturaleza.

“Para hacer frente a las disrupciones en la salud, la educación, el empleo y la migración, los autores recomiendan fortalecer los sistemas de atención sanitaria, mejorar la resiliencia de los servicios públicos, proteger a los trabajadores y los empleos, y reforzar la protección social”, se indica en un comunicado del BID.

Las ciudades de la región, que previsiblemente experimentarán un aumento de las inundaciones, las islas de calor y los cambios en la seguridad hídrica, pueden adaptarse mediante la mejora de los asentamientos informales con sistemas de alerta temprana, programas de reasentamiento voluntario y mejoras en los vecindarios.

El informe identifica desafíos crecientes para la seguridad alimentaria, incluyendo la disminución de la disponibilidad, el acceso, el uso y la estabilidad de los alimentos. Hace un llamado a una respuesta integral que contemple la promoción de tecnologías climáticamente inteligentes, la diversificación de cultivos y la ampliación de la cobertura de seguros agrícolas.

Para cerrar la brecha de financiamiento climático, el estudio del BID destaca la importancia de movilizar recursos, aprovechando las inversiones del sector privado y el financiamiento internacional de bajo costo, y analiza las políticas fiscales necesarias para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad.

Según el informe, las políticas sostenibles desde el punto de vista climático ofrecen oportunidades para reducir los costos de energía, impulsar la productividad, fortalecer la infraestructura, mejorar la protección social y la calidad ambiental, y apoyar la buena gobernanza. Por ejemplo, mejorar la gestión del riesgo de desastres puede liberar recursos para fines de desarrollo, ya que evitar los daños económicos de los desastres reduce sus efectos negativos sobre el crecimiento.