Gobierno busca poner fin al desorden en los juegos de azar con nuevo proyecto de ley

SANTO DOMINGO.– Tras décadas de denuncias y una creciente proliferación descontrolada de bancas de loterías y máquinas tragamonedas, el Gobierno dominicano ha decidido tomar cartas en el asunto. El Poder Ejecutivo sometió recientemente al Congreso Nacional un ambicioso proyecto de ley que busca reorganizar y fiscalizar de manera integral el sector de los juegos de azar en el país.

El anteproyecto, revelado en una investigación especial de El Informe con Alicia Ortega, propone la creación de la Dirección General de Juegos de Azar, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda, con la responsabilidad de supervisar, regular y sancionar toda la actividad vinculada a esta industria, que mueve miles de millones de pesos anualmente.

Uno de los principales objetivos del proyecto es unificar las múltiples normativas actualmente dispersas en un solo marco legal coherente, que permita establecer controles efectivos sobre los actores del sector.

Según datos presentados en el reportaje, se estima que en la República Dominicana existen más de 100 mil puntos de venta de loterías, de los cuales al menos 34 mil operan de manera ilegal. Esta situación ha derivado en una pérdida significativa de ingresos fiscales para el Estado y un entorno caótico, donde incluso las normas vigentes, como la distancia mínima de 200 metros entre bancas y su separación de escuelas, iglesias, hospitales y edificios públicos, no se están cumpliendo.

"Las bancas han proliferado de forma indiscriminada, muchas veces una al lado de la otra, sin que se aplique la ley", indica el informe, señalando además la falta de fiscalización por parte de las autoridades competentes.

En cuanto a las máquinas tragamonedas, conocidas popularmente como "maquinitas", la ley actual limita su operación a casinos en hoteles de categoría, bingos y casas de apuestas deportivas. No obstante, el reportaje denunció que estas siguen operando libremente en colmados y negocios informales, en ocasiones accesibles a menores de edad.

El proyecto de ley también introduce un régimen de sanciones penales y administrativas. Las infracciones más graves podrían acarrear hasta 10 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos, con el objetivo de disuadir a quienes incumplan la nueva normativa.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca no solo regular una actividad históricamente desordenada, sino también reducir la evasión fiscal, proteger a los grupos vulnerables y restaurar el orden en el sector de los juegos de azar.

El debate legislativo sobre esta propuesta iniciará en las próximas semanas en el Congreso Nacional.