
Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y que sea declarado complejo el proceso judicial contra una red criminal integrada por militares, exoficiales y civiles, acusada de estafar al Estado dominicano por más de RD$108 millones mediante contratos fraudulentos de servicios de seguridad.
Entre las instituciones afectadas figuran INAIPI, Senasa, EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Según el expediente, los imputados usaron documentos falsos como certificados alterados, licencias vencidas y constancias de cursos inexistentes para obtener contratos públicos.
La estructura está presuntamente liderada por el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y cuenta con la participación de varios coroneles y empresarios.
También se vinculan empresas fachadas utilizadas para lavar activos y facilitar sobornos.
La audiencia de medidas de coerción fue aplazada para este lunes por la jueza Fátima Veloz, a fin de que los abogados defensores puedan estudiar el voluminoso expediente.