Ministerio Público destaca fortaleza de imputaciones contra arrestados en la Operación Lobo

Santo Domingo, RD.- Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó este jueves la solidez de la investigación que culminó en la puesta en marcha de la Operación Lobo.

El Ministerio Público presentó más de 500 elementos probatorios que respaldan la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez militares y civiles involucrados en el entramado corrupto abordado por la mencionada operación, indicó Ortiz. Ortiz forma parte del equipo de fiscales que participó en la primera audiencia para conocer la medida de coerción, liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

"Todos los abogados de los imputados han solicitado plazos para estudiar el escrito de medida de coerción presentado por el Ministerio Público, el cual consta de aproximadamente 450 páginas y más de 500 elementos de prueba, incluyendo pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales", dijo Ortiz al responder a los periodistas que abordaron al equipo de fiscales al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Respondiendo a esa solicitud, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo lunes 14 de julio, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción.

Como parte de sus acciones contra la corrupción y la impunidad, el Ministerio Público puso en marcha esta semana la Operación Lobo, con la cual busca llevar ante los tribunales a los integrantes de una estructura compuesta por militares y civiles que se beneficiaba de la distribución de sobornos para proporcionar seguridad privada y asegurar el mantenimiento de contratos de proveedores con instituciones públicas.

Además de solicitar prisión preventiva para el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado complejo.

La solicitud también incluye al coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; al primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; al empresario, Quilvio Bienvenido Rodríguez González; al coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz; y al civil, Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Los imputados afectaron, además del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, según lo tipificado en los artículos 177, 178, párrafo 179 y 180 del Código Penal Dominicano; los artículos 265 y 266 sobre asociación de malhechores, y el artículo 405 que sanciona la estafa en perjuicio del Estado.

Asimismo, se le imputa la violación del artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, que establece la prohibición de la corrupción administrativa.

En relación con el lavado de activos, los hechos se corresponden con los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4 de la Ley número 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.