
SANTO DOMINGO. –El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, reveló una querella penal contra la empresa Dekolor, S.R.L., tras destapar un presunto intento de soborno, irregularidades contractuales y desvío millonario de fondos públicos.
“Los mismos abogados me han dicho que es un caso inédito, porque normalmente los funcionarios se dejan envolver y no delatan este tipo de situación”, expresó Morrison, quien aseguró haber recibido ofertas de hasta 30 millones de pesos para extender contratos en favor de la empresa y mantener el silencio.
Dekolor fue adjudicataria en 2019 de un contrato para la emisión de licencias de conducir mediante simuladores, firmado en enero de 2020, poco antes del cambio de gobierno. Bajo este acuerdo, la empresa acumuló más de RD$4,655 millones en ingresos, cobrando RD$805.69 por cada licencia, en un esquema que, según Morrison, era deficitario para el Estado y altamente lucrativo para la contratista.
La querella del Intrant también detalla cómo tres adendas al contrato —firmadas en 2021, 2023 y 2024, bajo direcciones distintas— incrementaron el valor original en más de 75%, incluyendo una proyección de deuda a futuro que ascendía a más de RD$936 millones.
Uno de los hallazgos más graves fue la pérdida de RD$730 millones que nunca ingresaron a las cuentas del INTRANT, producto de una triangulación con la empresa Pago RD Xchange, S.R.L., contratada sin licitación para procesar pagos. Morrison aseguró que esta retuvo entre el 90% y el 95% de los fondos que debía transferir al Estado, durante más de tres años.
El caso tomó un giro aún más delicado cuando Morrison denunció que tras negarse al soborno, comenzaron los ataques personales y amenazas mediáticas. El presidente de Dekolor, Rogelio Oruña, le habría revelado que el empresario José “Jochy” Gómez Canaán —acusado de hackeo en 2012 y vinculado a múltiples controversias— estaba detrás de las campañas de difamación, apoyado por figuras como Roger Stone, exasesor de Donald Trump, quien divulgó acusaciones sobre una propiedad en Florida adquirida por Morrison en 2021.
“Me ofrecieron 24 millones en efectivo y 2 millones mensuales por extender el contrato… luego subieron la propuesta a 30 millones. Lo rechacé categóricamente”, afirmó el director del Intrant. “Ocho días antes de presentar la querella, las amenazas se concretaron desde Miami, con un reportaje anónimo publicado en The Miami Independent, insinuando irregularidades en una compra de vivienda totalmente legal”, agregó.
La defensa de Morrison se sustenta en documentos de transferencia bancaria, hipoteca a 30 años y venta de una propiedad declarada en Naco. Asegura que todo lo relacionado con su adquisición inmobiliaria en EE. UU. fue “transparente y legal”.
Además, denunció que el contrato con Dekolor otorgaba la propiedad del software, la base de datos y el código fuentea la empresa, y no al Estado dominicano, una cláusula que ha sido corregida en la nueva licitación, supervisada por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
A la controversia se suman antecedentes turbios de Dekolor, incluyendo su rol como fiadora en la fracasada contratación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, por más de RD$1,317 millones, y relaciones con figuras investigadas por corrupción en Panamá y la República Dominicana.
“Yo vine a servir, no a servirme. Y si tengo que volver a hacer esta denuncia, por el país, lo haría una, dos o tres veces, cueste lo que cueste”, concluyó Morrison, reafirmando su compromiso con la transparencia.