Por: La Redacción
lunes 14 julio, 2025

Jueza Fátima Veloz evalúa medidas de coerción en caso de sobornos en instituciones del Estado

El empresario Quilvio Rodríguez y varios militares enfrentan medidas por pagar sobornos en contratos públicos, mientras la Operación Lobo busca desarticular más redes de corrupción.

Santo Domingo, RD.-. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, conoce la tarde de este lunes la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra diez imputado de participar en un entramado de corrupción consistente en el pago de sobornos para agenciarse contratos de seguridad privada en varias instituciones del Estado. La audiencia fue fijada para las 2:00 de la tarde y entre los implicados hay varios militares y civiles. Los sobornos se habrían pagado a gente vinculada al Servicio Nacional de Salud, el Institución de Atención a la Primer Infancia y las empresas de Distribución de Electricidad del Norte, del Sur y del Este, por un monto superior a los 108 millones de pesos. El empresario Quilvio Rodríguez, según revelaciones de su abogado Carlos Balcácer, pagaba entre el 10 y el 20 por ciento del monto de los cheques que recibía por los servicios de seguridad ofrecidos por su empresa a varias instituciones del Estado. Además de Rodríguez, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva de 18 meses contra el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez- También contra el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal. “Es importante destacar que esta operación (Lobo) apenas inicia y que, como en todas las operaciones nuestras, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos en este proceso”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al encabezar el equipo de fiscales que depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. “Con la Operación Lobo el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba desde el ámbito de las contrataciones públicas, en empresas públicas, en el área de seguridad privada”, dijo.

Santo Domingo, RD.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, conoce la tarde de este lunes la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra diez imputados por participar en un entramado de corrupción, consistente en el pago de sobornos para agenciarse contratos de seguridad privada en varias instituciones del Estado.

La audiencia se programó para las 2:00 de la tarde, y entre los implicados hay varios militares y civiles.

Los sobornos se habrían pagado a personas vinculadas al Servicio Nacional de Salud, la Institución de Atención a la Primera Infancia y las empresas de Distribución de Electricidad del Norte, del Sur y del Este, por un monto superior a los 108 millones de pesos.

El empresario Quilvio Rodríguez, según revelaciones de su abogado Carlos Balcácer, pagaba entre el 10 % y el 20 % del valor de los cheques que recibía por los servicios de seguridad que su empresa ofrecía a varias instituciones del Estado.

Algunos de los implicados en la Operación Lobo.

Además de Rodríguez, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva de 18 meses para el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, y para los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez.

También contra el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz; y el civil, Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

“Es importante destacar que esta operación (Lobo) apenas comienza y que, como en todas nuestras operaciones, pueden surgir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos en este proceso”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al encabezar el equipo de fiscales que presentó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

"Con la Operación Lobo, el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, en empresas públicas y en el área de seguridad privada", dijo.

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