
Santo Domingo. – El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que el proyecto del Código Penal, se trata de una propuesta jurídicamente moderna y necesaria, que incorpora avances significativos en materia de política criminal.
Tras un análisis técnico del texto del proyecto de Código Penal en discusión, valoró que varias de las observaciones formuladas por la Fundación han sido tomadas en cuenta en el proceso legislativo.
Mediante un comunicado de prensa, Castaños Guzmán indicó que, uno de los aportes más relevantes del proyecto es la inclusión de tipos penales que respondían a una demanda histórica de actualización, tales como el feminicidio, el sicariato, el acoso sexual, la estafa piramidal, el abandono de adultos mayores y los delitos ambientales, entre otros.
“Esta incorporación representa un paso importante hacia una legislación penal más coherente con la realidad social actual. Además, el texto presenta definiciones más precisas y técnicas, que permiten una mejor identificación de las conductas antijurídicas y fortalecen la seguridad jurídica en su aplicación”, expresa.
Agrega que, aunque subsisten ciertos aspectos que podrían ser objeto de discusión o mejora, entienden que de no ser asumidos ahora, estos pueden ser debidamente ponderados durante el periodo de vacatio legis, sin que ello impida la promulgación oportuna de esta nueva norma.
En cuanto al tratamiento de los delitos sexuales, la Fundación advierte con particular preocupación la necesidad de mantener el carácter agravado de las agresiones sexuales cometidas contra menores de edad, asegurando que el marco sancionador refleje de forma adecuada la gravedad de estos hechos.
En tal sentido, el debate legislativo sobre si la pena aplicable debe oscilar entre 10 a 20 años o 20 a 30 de reclusión mayor debe abordarse desde un enfoque de protección reforzada a la niñez, estableciendo sanciones proporcionales al daño ocasionado y coherentes con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado dominicano.
Asimismo, reiteran la importancia de revisar los siguientes aspectos:
Señaló que valoran los avances incorporados en esta propuesta de reforma, pero reiteran que una política penal moderna y coherente requiere de un marco normativo que armonice con el derecho procesal penal y con las leyes especiales vigentes, para evitar conflictos normativos o retrocesos institucionales.
En ese orden, consideran que la entrada en vigor del nuevo Código Penal no puede seguir postergándose. “Su aprobación representa una herramienta fundamental para mejorar la respuesta institucional frente a fenómenos delictivos complejos, proteger derechos fundamentales y consolidar el Estado de derecho en República Dominicana”.