Legisladores rechazan presión empresarial: “La cesantía no se negocia”

Santo Domingo, R.D. – La defensa del derecho a la cesantía laboral tomó fuerza este viernes en el Congreso Nacional, luego de que los diputados Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Rafael Castillo de Fuerza del Pueblo, alzarán la voz con frente a las crecientes presiones del sector empresarial para modificar el régimen de cesantía contemplado en el Código de Trabajo.

“La cesantía es un derecho adquirido y no será negociado. El Congreso está para proteger derechos, no para quitarlos”, sentenció Sánchez, visiblemente molesto por lo que consideró un “chantaje” de gremios como la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), que han llegado a amenazar con paros si sus propuestas no son acogidas.

El legislador del PLD fue enfático al advertir que su partido no cederá ante lo que catalogó como una ofensiva empresarial.

“Si los empresarios quieren una ley para ellos, que vengan a votar. Pero ese miedo que quieren meter no va a intimidarnos. Con la cesantía no se juega”.

En la misma línea se expresó Rafael Castillo, diputado de la Fuerza del Pueblo, quien advirtió que tocar la cesantía podría poner en riesgo la estabilidad laboral del país.

“Modificar o eliminar la cesantía en este contexto sería abrir una herida innecesaria en la paz laboral que hoy disfrutamos”, dijo.

Castillo también criticó la actitud “oportunista” de algunos sectores empresariales que, tras haberse retirado del debate, ahora exigen reabrir discusiones cuando ya hubo una aprobación inicial. Para el legislador, esa movida ha retrasado el avance del proyecto y podría estancarlo hasta una próxima legislatura.

“La cesantía no puede ser eliminada ni reducida bajo ningún argumento económico. Es una conquista histórica que hay que proteger”, afirmó, subrayando además que cualquier reforma al Código de Trabajo debe venir acompañada de una revisión profunda a la Ley de Seguridad Social 87-01, por la estrecha vinculación entre ambos marcos legales.

Ambos legisladores coincidieron en que precipitar cambios laborales sin consenso ni visión integral sería un error grave en tiempos donde el país necesita tranquilidad social y equilibrio en las relaciones entre empleadores y trabajadores.