Tribunal otorga plazo de cuatro meses al MP en Operación Camaleón

Santo Domingo.– El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió una extensión de cuatro meses al Ministerio Público para finalizar las indagatorias relacionadas con el caso Operación Camaleón, en el que figuran como imputados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), entre otros exfuncionarios y colaboradores vinculados a una presunta red de corrupción administrativa y crimen organizado.

La solicitud fue presentada por un equipo de fiscales encabezado por Wilson Camacho, director de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, procuradora de corte y coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Ambos estuvieron acompañados de los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos y Miguel Collado.

Durante la audiencia, Ortiz explicó que la prórroga responde al volumen de pruebas pendientes de análisis, muchas de ellas de carácter tecnológico, que requieren peritajes especializados. Aclaró que el retraso no se debe a falta de diligencia, sino a la complejidad del caso.

“La naturaleza de las evidencias, en particular las digitales, ha hecho necesario un esfuerzo técnico adicional para garantizar una acusación sólida”, manifestó Ortiz.

El tribunal, presidido por la jueza Patricia Padilla, fijó como nueva fecha límite el 8 de octubre de este año para que el Ministerio Público presente la acusación formal.

Además de Beras y Gómez Canaán, el expediente judicial incluye a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, todos vinculados a distintos roles dentro del Intrant durante el período investigado.

Los cargos imputados abarcan delitos como desfalco, estafa, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, sabotaje a infraestructuras críticas y robo de identidad, tipificados en el Código Penal y diversas leyes especiales como la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

Ortiz no descartó la posibilidad de que se incluyan nuevos implicados conforme avance la investigación y se presente el acto conclusivo.