Tasadores confirman valor millonario de propiedades vinculadas a Adán Cáceres y coimputados

Santo Domingo. – El Ministerio Público presentó este viernes nuevas pruebas en el juicio por corrupción que se sigue a los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre, al coronel Franklin Antonio Mata Flores y al capitán Boanerges Reyes Batista, detallando cómo los acusados ocultaron bienes millonarios utilizando prestanombres y estructuras empresariales para encubrir la verdadera propiedad de inmuebles, vehículos y activos adquiridos con fondos ilícitos.

Durante la audiencia celebrada en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fueron escuchados siete peritos que valoraron detalladamente propiedades y bienes adquiridos por los acusados, muchos de ellos registrados a nombre de terceros o empresas fachada.

Entre los bienes figuran tres residencias de lujo ubicadas en el exclusivo sector Colina del Oeste, vinculadas al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, al coronel Franklin Antonio Mata Flores y al capitán Boanerges Reyes Batista. Las viviendas, adquiridas con dinero en efectivo no registrado, están valoradas en conjunto en US$3,486,544.92, según revelaron los peritos.

Los inmuebles fueron colocados a nombre de la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., relacionada con la imputada Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”.

Según el Ministerio Público, se trató de una maniobra para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.

También se presentó el avalúo de una finca agroindustrial, registrada como Asociación Campesina Madre Tierra, y que según la acusación pertenece realmente a Cáceres Silvestre. La propiedad, que incluye modernas instalaciones avícolas y cultivos, está valorada en US$3,856,046. El imputado habría utilizado como testaferros a Elvin Rudys Martínez y a la propia Rossy Guzmán, quienes figuran como directivos de la asociación. Martínez ya admitió anteriormente que prestó su nombre para fines de ocultamiento.

Irregularidades en Conani también salen a la luz

En la misma audiencia, testificaron exempleados del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), quienes revelaron presuntas irregularidades administrativas cometidas en 2020 por Greibby Cuello Coste, esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, también acusado en el caso.

Los testigos señalaron que Cuello Coste nombró como gerente financiero al coronel Rafael Núñez de Aza, ya vinculado a otras instituciones como Cestur y Cusep. Pese a que su designación fue anulada por la Contraloría General, fue mantenido como representante del Comité de Compras de Conani.

Acusación se fortalece

Con esta jornada, el Ministerio Público suma 272 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 materiales y 120 informes periciales, reforzando su acusación por corrupción administrativa, asociación de malhechores y lavado de activos.