Ángel Martínez recibe coerción por difamar a Faride Raful; deberá pagar RD$ 500 mil como garantía económica

Santo Domingo. – El comunicador Ángel Martínez fue sometido este martes a medidas de coerción por presunta difamación contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional le impuso una garantía económica de 500 mil pesos mediante aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.

La audiencia, celebrada a puerta cerrada por el juez Raymundo Mejía, duró unas tres horas y se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La defensa expresó satisfacción con la decisión.

Faride Raful acusa a Martínez de difundir, a través de YouTube y redes sociales, informaciones falsas con la intención de dañar su honor, e incluso amenazar con divulgar supuestos videos íntimos, lo que fue interpretado como intento de chantaje.

La querella se basa en la Ley 53‑07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal, y reclama 50 millones de pesos por daños morales.

Acumula más casos de difamación y estafa

Martínez enfrenta varias querellas adicionales. En otro proceso, el juez Deiby Timoteo le impuso una garantía económica de tres millones de pesos e impedimento de salida por una demanda de la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps, también por difamación.

En un caso distinto, la señora Sandra de la Rosa lo acusa de estafa y extorsión por 300 mil dólares, asegurando que Martínez se hizo pasar por agente de la CIA y el FBI para ofrecerle resolver procesos legales. También lo denunció por amenazas y chantaje.

El diputado oficialista Sergio “Gory” Moya presentó una demanda similar en 2020, luego de que Martínez lo vinculara con el narcotráfico en su canal de YouTube.

Asimismo, el periodista Vargavila Riverón reclama 10 millones de pesos por daños y perjuicios en otra querella en curso, mientras que el empresario Arnulfo Gutiérrez Almonte también lo acusa por difamación en la jurisdicción de Santiago.

En ese caso, el tribunal le impuso presentación periódica, impedimento de salida y grillete electrónico.