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  • Por: La Redacción
  • martes 19 agosto, 2025

Ministerio Público concluye presentación de pruebas contra red de fraudulentos en caso Investor Winner

La fiscalía presentó 668 páginas de pruebas contra los acusados y solicitó el juicio contra 25 personas y 16 entidades. Los acusados usaron redes sociales para promocionar falsas inversiones y evadieron captura.

Imputados por la Operación Gaviota.

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público finalizó la presentación de la acusación contra Rafael Martínez Batista, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través del esquema fraudulento denominado Investor Winner, desmantelado con la Operación Gaviota.

El Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Crucey Rodríguez, Yudelka Josefina Holguín Liz, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez Sánchez, adscritos a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, detalló ante el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional las pruebas que respaldan el expediente de 668 páginas.

El órgano acusador presentó un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 pruebas documentales y 29 pruebas materiales. Asimismo, solicitó el decomiso a favor de las víctimas de 29 inmuebles adquiridos con los fondos obtenidos mediante el esquema de estafa y pidió la apertura de juicio contra las 25 personas físicas y 16 personas jurídicas acusadas en el proceso.

Según la acusación presentada, entre los años 2020 y 2024, la estructura criminal operó un esquema piramidal que captó y movilizó fondos de manera fraudulenta, ofreciendo rendimientos mensuales de entre el 10% y el 30% bajo el falso pretexto de inversiones bursátiles legítimas.

Durante ese período, lograron captar fondos de más de 330 víctimas en distintas provincias del país, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales. La investigación evidenció que los pagos a los primeros inversionistas se financiaban con los aportes de nuevos participantes, revelando un patrón característico de fraude tipo Ponzi.

Las investigaciones revelaron que los cabecillas, Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz de Martínez, junto con los demás acusados, captaban a las víctimas a través de la empresa Investor Winner IW S.R.L. y un entramado de sociedades y cooperativas ficticias. Bajo el falso pretexto de contar con autorización para realizar actividades de intermediación financiera y participar en el mercado de valores, ofrecían rendimientos mensuales de entre el 10% y el 30%, asegurando que provenían de operaciones bursátiles.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público comprobó que no existían inversiones legítimas en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzi, en el cual los pagos a los primeros inversionistas se financiaban con los aportes de nuevos participantes.

El Ministerio Público detalló que la red utilizó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión, falsificó estados financieros y constituyó empresas de fachada, logrando atraer a cientos de personas en todo el territorio nacional. Los procesados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.

Para ocultar rastros y obstaculizar la investigación, los imputados transfirieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país. Estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros y otras que hipotecaron sus propiedades para invertir todo su patrimonio en Investor Winner.

De los primeros acusados, actualmente se encuentran en prisión preventiva Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez, después de que la jueza Fátima Veloz los enviara al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XXVII) Najayo Hombres en junio de 2024. Por otro lado, Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, quienes fueron enviadas en ese entonces a Najayo Mujeres, actualmente cumplen arresto domiciliario.

Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como abogado y estratega legal de la estructura, y Lucía Martínez Colón tienen una garantía económica, deben presentarse periódicamente y tienen prohibido salir del país.

El 28 de febrero del presente año, el Ministerio Público presentó una acusación contra un total de 25 personas físicas y 16 personas jurídicas, entre las cuales se encuentran Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Pache, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, O’Neill Alberto Nivar Romero, Smarlin Alberto Nivar Romero, Roberto Evangelista Concepción, Rosangela Amador Núñez, Greer Antonio Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazare, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Junior Martínez Batista, Manuel Arturo de la Cruz Paché y Claribel Martínez Vicente.

Asimismo, fueron acusadas las sociedades comerciales IXI Intermecom S.R.L., Grupo Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Emprendedores Educativos (COOPES), Investor Winner IW S.R.L., Antonio Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vgary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L., Gratia Plena S.R.L., Ghanima Corporation S.R.L., Raufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.

Tras la intervención del Ministerio Público, el juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dio paso a la intervención de los querellantes y, posteriormente, recesó la audiencia para el próximo lunes 25 de agosto a las 9:00 de la mañana, momento en el que se iniciarán los alegatos de defensa por parte de los abogados de los acusados.

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