Senado reintroduce proyecto que moderniza el Código de Trabajo en medio de tensiones empresariales y sindicales

Santo Domingo.– El Senado de la República reintrodujo este martes el proyecto de ley que busca modernizar el Código de Trabajo dominicano, una reforma que ha estado sobre la mesa durante años y que genera tanto expectativas como tensiones en los sectores productivos y sindicales del país.

La pieza fue enviada a una comisión especial, integrada por los mismos senadores que la analizaron en la legislatura pasada, bajo la coordinación de Rafael Barón Duluc. Junto a él participan Pedro Catrain, Antonio Taveras, María Mercedes Ortiz, Santiago Zorrilla, Antonio Marte, Omar Fernández, Edward Espirisanto y Antonio Venerado Castillo.

Duluc aseguró que esta continuidad permitirá agilizar el proceso de estudio y aprobación, pues los legisladores ya conocen en detalle los puntos más sensibles de la propuesta. Una vez sea aprobada en dos lecturas en la Cámara Alta, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados.

En la Cámara Baja, la reforma también fue introducida por un grupo de legisladores encabezados por el vocero oficialista Amado Díaz y respaldada por los portavoces de los principales partidos de oposición, Rafael Castillo (Fuerza del Pueblo) y Gustavo Sánchez (PLD), lo que en principio refleja un consenso político poco común.

Sin embargo, ese consenso enfrenta grietas. Aunque el proyecto nació de un acuerdo tripartito entre empresarios, trabajadores y el Gobierno, las discusiones han revelado fuertes desacuerdos. El tema más espinoso sigue siendo la cesantía laboral, que el empresariado insiste en modificar, pese a que no formaba parte del pacto inicial.

Otro punto conflictivo es la figura del juez conciliador, eliminada por los senadores en versiones previas, pero que los empresarios buscan reintroducir en el debate.

La modernización del Código de Trabajo, vigente desde 1992, es vista como una necesidad impostergable para adaptar la legislación a los tiempos actuales. Sin embargo, el desafío radica en equilibrar derechos laborales, competitividad empresarial y estabilidad económica sin que ninguno de los sectores se sienta perjudicado.