SISARIL dicta millonaria multa a Clínica Abel González por negar atención en la tragedia de Jet Set

Santo Domingo, — La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL) impuso una sanción al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, S.A.S., por incumplimiento en la atención médica de emergencia a dos ciudadanos durante los hechos ocurridos en la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril.

La medida, contenida en la resolución DJ-GIS Núm. 0012-2025, establece una multa equivalente a más de dos millones de pesos, como resultado de un proceso sancionador iniciado tras denuncias presentadas por familiares de los afectados, quienes aseguraron no haber recibido asistencia oportuna en un momento crítico.

De acuerdo con SISARIL, el centro incumplió varios artículos de la Ley 87-01 de Seguridad Social y disposiciones administrativas relacionadas con el deber de brindar atención inmediata en casos de urgencia, sin importar la condición económica o afiliación particular del paciente.

“El sistema de seguridad social exige respuestas inmediatas cuando hay vidas en juego. La omisión de este deber no puede pasar inadvertida”, sostuvo un comunicado oficial de la institución.

La investigación fue impulsada tras las quejas recibidas por la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), que canalizó la solicitud de revisión del caso. Posteriormente, SISARIL abrió un proceso formal contra el establecimiento de salud por presuntas fallas graves en su protocolo de atención.

Como parte de la sanción, el centro médico está obligado a presentar, en un plazo no mayor a diez días hábiles, un plan de mejora que contemple medidas correctivas concretas. Este debe incluir la capacitación del personal médico y administrativo sobre los lineamientos del Seguro Familiar de Salud y otras regulaciones vigentes.

Además, se ha dispuesto la supervisión directa del cumplimiento de estas medidas por parte de la Dirección de Aseguramiento en Salud para Regímenes Contributivos y Planes, con el fin de evitar reincidencias y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema hospitalario ante emergencias.

El caso ha reavivado el debate sobre la preparación de los centros privados ante situaciones críticas y la necesidad de reforzar la fiscalización del cumplimiento normativo por parte de los prestadores de servicios de salud.