Fuerza de Tarea Conjunta enfoca esfuerzos en salud mental para reforzar políticas de seguridad

Santo Domingo, RD.- La Fuerza de Tarea Conjunta ha iniciado un trabajo articulado para priorizar la atención en salud mental, un tema que el Gobierno considera una deuda social y de seguridad, agudizada a nivel mundial. Este esfuerzo involucra al Ministerio de Salud, la Policía Nacional, la Procuraduría General, el Ministerio de la Mujer y otras agencias.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció la información al concluir la reunión número 104 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, la cual fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah.

La funcionaria precisó que la salud mental dejó de ser una prioridad hace muchos años y alertó que la República Dominicana enfrenta hoy una enorme deuda social en la creación de espacios accesibles para la atención preventiva.

“Estamos retomando también iniciativas articuladas, porque un tema de salud es, a pesar de todo, un tema de seguridad y protección para menores, sectores vulnerables, ancianos, mujeres y madres que son víctimas silenciosas de abusos que a veces no son detectables, ya que no representan un abuso físico, pero que pueden terminar desencadenando en ello", expuso.

Raful sostuvo que este flagelo es evidente en los recientes casos que han conmovido al país. Además, subrayó que los efectos de la pandemia se han traducido en un empeoramiento de las condiciones de salud mental, tanto a nivel global como local, lo que hace más urgente reforzar una respuesta al tema.

Raful lamentó todos los maltratos registrados contra menores de edad en los últimos días, por lo que reiteró su llamado a la sociedad a colaborar en una labor que debe involucrar a los medios de comunicación, juntas de vecinos e iglesias, para "emprender un periplo comprometido y realmente genuino que nos permita ayudarnos entre todos".

“Estamos muy conmovidos y preocupados, y entendemos que la política pública nacional necesita más recursos económicos, más tecnología y, por supuesto, más personal para poder realizar una labor preventiva y evitar que estos casos terminen en este desenlace”, manifestó.

En relación con la tasa acumulada de homicidios, se detalló que es de 8.1 por cada 100,000 habitantes, según los datos de la Policía Nacional reportados hasta el viernes 22 de agosto. Esto representa una tendencia a la baja, con 25 provincias que se mantienen en un solo dígito.

Hay 52 víctimas mortales menos en lo que va de 2025, ya que hasta la fecha se han registrado 852, mientras que para el mismo periodo de 2024, la cifra acumulada alcanzó 904, y en 2023 fue de 993.

Raful aclaró que las estadísticas de cada muerte responden a su naturaleza y explicó que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) se nutre de los datos que la Policía Nacional entrega al sistema, donde son segmentados tras su análisis en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Añadió que, cuando los casos son producto de una acción legal, es decir, que involucran a la institución del orden, también se realiza una investigación.

"Existen muertes que no se incluyen en las tasas de homicidios porque son casos de legítima defensa o muertes accidentales. Al desglosar los datos, se observa que no son homicidios causados por conflictos sociales ni, mucho menos, por delincuencia. Sin embargo, podrían estar sumando todos los fallecimientos en los datos generales", sostuvo.