
Santo Domingo, RD.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, planteó la necesidad de que el país, al igual que en toda América Latina y el Caribe, fortalezca la justicia para que se enfoque más en las víctimas como sujetos procesales, proteja sus derechos y gestione una reparación oportuna de los daños.
Reynoso recordó que muchos libros y artículos escritos en América Latina se centraron en los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, imputadas o acusadas en un proceso, sin considerar los derechos de las víctimas.
Sostuvo que los imputados cuentan con las garantías del debido proceso, lo cual es de vital importancia en un Estado de derecho. "Pero nosotros olvidamos que las víctimas existen y que son un sujeto procesal, no de un nivel inferior. Nuestro Código tiene dos principios: la igualdad entre las partes y ante la ley", indicó.
"Sin embargo, hemos considerado el 'debido proceso' en función del imputado, no de los demás sujetos procesales", abundó.
"Y debido proceso para el privado de libertad, que lo tiene, yo no se lo voy a dejar de reconocer jamás, y abogo porque exista; eso es parte de un Estado de derecho. Pero las víctimas también requieren una tutela efectiva de sus derechos", sostuvo.
"Y cuando pensamos, incluso, en la duración de la prisión preventiva, que es una parte importante del debido proceso, también debemos considerar que durante ese mismo tiempo hay una víctima que no tiene acceso a una decisión", enfatizó.
La Procuradora General de la República se refirió al tema al participar como invitada del Poder Judicial en un panel jurídico junto al costarricense Juan Carlos Astúa Jaime, director País del National Center for State Courts, y el colombiano Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. El panel, celebrado en el Hotel El Embajador, fue moderado por Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental.
Reynoso planteó que el sistema de justicia se fortalece si se considera el debido proceso para todos los sujetos procesales. En ese contexto, explicó que América Latina tiene una “deuda histórica con las víctimas”. “La reparación no existe en América Latina como figura. Y cuando buscamos jurisprudencia y doctrina sobre reparación, es casi nula”, indicó.
"Entonces, estamos negando a una parte importante del proceso un derecho que tienen, al igual que las personas privadas de libertad", sostuvo.
Reynoso afirmó que su gestión en la Procuraduría General de la República se centra en diseñar un servicio basado en las necesidades de la ciudadanía, de acuerdo con el mapa de la criminalidad y considerando las dificultades de acceso al sistema de justicia.
"En función de esta realidad, diseñamos y el Consejo Superior del Ministerio Público ya aprobó 24 fiscalías comunitarias. Ya se inauguró una en Sosúa; la próxima será en La Guáyiga, y luego en Boca Chica", indicó.
"Es donde el análisis de los indicadores nos dice que es necesario. Es donde las circunstancias objetivas del territorio indican que se requiere una fiscalía comunitaria a la que la población pueda llegar a pie, en sandalias, o como popularmente decimos los dominicanos, en chancletas. Porque la justicia debe tener ese nivel de accesibilidad", sostuvo Reynoso.