
Yemen.- Las tensiones en Yemen volvieron a escalar este domingo, cuando fuerzas hutíes irrumpieron en instalaciones de Naciones Unidas en Saná y Hudeida, secuestraron al menos a once empleados y confiscaron bienes de la organización.
El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, denunció lo ocurrido. “Condeno enérgicamente la nueva ola de detenciones arbitrarias de personal de la ONU hoy en Saná y Hudeida, así como la entrada forzada en las instalaciones de la ONU y la incautación de bienes de la organización. Al menos 11 miembros del personal de la ONU fueron detenidos”, afirmó, exigiendo que los trabajadores sean liberados “de inmediato y sin condiciones”.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó el domingo su indignación por el secuestro de los trabajadores.
"Condeno enérgicamente las detenciones arbitrarias, ocurridas el 31 de agosto, de al menos 11 funcionarios de las Naciones Unidas por parte de las autoridades de facto hutíes en Yemen, en zonas bajo su control", declaró en un comunicado.
"Además, condeno el allanamiento forzoso de las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos, la confiscación de bienes de la ONU y los intentos de ingresar a otras instalaciones de la ONU en Saná", agregó.
El ataque más reciente tuvo como objetivo las oficinas de varias agencias, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que confirmó la detención de uno de sus miembros en Saná.
Una portavoz de la entidad describió la situación como "inaceptable" y advirtió que tales acciones ponen en riesgo la capacidad de atender a millones de yemeníes en situación de inseguridad alimentaria. Otras agencias, como la OMS y UNICEF, también informaron sobre la desaparición forzada de parte de su personal.
El incidente no es un caso aislado. En los últimos dos años, la relación entre los hutíes y el sistema humanitario internacional se ha deteriorado drásticamente.
Según Human Rights Watch, hacia finales de 2024, al menos 17 empleados de las Naciones Unidas y decenas de activistas de la sociedad civil fueron detenidos sin órdenes judiciales, incomunicados durante meses y en condiciones que vulneraban estándares básicos de derechos humanos.
Algunos de ellos continúan desaparecidos, lo que ha generado alarma.