
Santo Domingo. – El expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) detalla el acuerdo que permitió a Máximo Montilla Sierra —vinculado a casos de corrupción en contrataciones públicas— evitar la persecución penal a cambio de compromisos económicos, legales y de cooperación con la justicia.
Como parte del acuerdo, Montilla entregará al Estado un terreno de 200.18 metros cuadrados, ubicado en el exclusivo sector Ensanche Naco y valorado en RD$50.9 millones. El documento especifica que, si en un plazo de 18 meses no puede completarse la transferencia del inmueble por razones legales, el imputado deberá pagar el valor total en efectivo.
Además del decomiso de otros bienes y el pago de indemnizaciones, Montilla se comprometió a disolver de forma definitiva todas las empresas relacionadas con el esquema fraudulento. Esta liquidación debe incluir el pago de pasivos y deudas pendientes, con el objetivo de impedir que esas sociedades vuelvan a participar en procesos de contratación pública.
El acuerdo también llevó a los querellantes y actores civiles a desistir de continuar las acciones legales, tras asegurarse la reparación económica. A cambio, el Ministerio Público accedió a levantar cualquier oposición o gravamen sobre los bienes entregados.
El expediente describe un entramado que operó durante casi una década, basado en la sobrevaluación de equipos, adjudicaciones sin transparencia y prácticas que favorecieron indebidamente a Montilla, en parte gracias a su cercanía con figuras del poder ejecutivo.
La PEPCA sostiene que este caso busca establecer un precedente importante: los responsables de actos de corrupción no solo deben admitir los hechos, sino también compensar al Estado y colaborar para que otros implicados rindan cuentas ante la justicia.