Familia Reyes defiende pagos de Donald Guerrero y acusa al Ministerio Público de encubrir a estafadores

Santo Domingo. – Los abogados de la familia Reyes, una de las partes querellantes en el proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en pagos por expropiaciones de terrenos, afirmaron este viernes que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, no cometió desfalco alguno, sino que cumplió con sentencias judiciales que ordenaban al Estado saldar una deuda pendiente desde hace más de 60 años.

El caso, que involucra a exfuncionarios y empresarios acusados de desviar fondos públicos mediante pagos de alto monto autorizados en 2016, gira en parte en torno a compensaciones otorgadas a familias reclamantes de tierras, entre ellas los Reyes, herederos legales del copropietario de la parcela 613, donde hoy opera el Aeropuerto Internacional Las Américas.

Según sus representantes legales, lo que ha sido presentado como un fraude al Estado fue en realidad el cumplimiento de una deuda con base legal y respaldo presupuestario. Denuncian que, en cambio, quienes verdaderamente se beneficiaron de forma irregular han sido excluidos de la persecución penal.

“El Estado pagó conforme a derecho. No hubo desfalco alguno. El verdadero fraude fue cometido por Fernando Crisóstomo, quien se quedó con más de 500 millones de pesos y, sin embargo, fue favorecido con un criterio de oportunidad por el Ministerio Público”, declaró el abogado Moisés Sánchez Ramírez.

Su colega Rafael Zapata precisó que la sentencia ordenaba el pago de 1,288 millones de pesos a la familia Reyes, de los cuales se cumplió un 80 %, mientras que el 20 % restante aún está pendiente.

También criticó que Crisóstomo, quien según los abogados se apropió indebidamente de 550 millones de pesos, devolvió fondos para obtener beneficios judiciales. “No se puede hablar de pago irregular cuando hay respaldo legal y presupuestario. La estafa provino de otro lado”, enfatizó.

Otros abogados del caso, como Julio César Ventura y Alexander Navarro, acusaron al Ministerio Público de fallar en su deber de proteger a las víctimas y permitir que la familia Reyes, legítima heredera de la parcela, siga esperando justicia mientras atraviesa necesidades económicas.

“La familia Reyes se muere de hambre mientras el Ministerio Público insiste en sostener una narrativa de desfalco inexistente. Donald Guerrero simplemente cumplió con la ley”, afirmó Navarro.

La familia Reyes asegura haber sido víctima de una estafa superior a los 700 millones de pesos, y reiteró su reclamo de que se ordene el pago pendiente y se identifique a los verdaderos responsables del fraude.

“Donald Guerrero cumplió con la deuda social; lo que ha faltado es justicia contra quienes defraudaron al Estado y a nuestra familia”, concluyó el abogado Moisés Sánchez Ramírez.