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Santiago. – El Ministerio Público logró que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impusiera medidas de coerción contra siete personas acusadas de integrar una red criminal dedicada al fraude digital y al lavado de activos, con víctimas principalmente en Estados Unidos, muchas de ellas personas en edad de retiro.
La jueza Yiberty Polanco Herrán acogió en su totalidad la solicitud del órgano acusador, tras reconocer la solidez de la investigación, que contó con cooperación internacional, especialmente de agencias estadounidenses.
Como medida principal, se dictó prisión preventiva revisable cada tres meses contra Bernardo Taveras Vélez, señalado como uno de los cabecillas. Cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago.
A Jesús Manuel Castaños Colón, también identificado como líder de la organización, se le impuso prisión domiciliaria con grillete electrónico e impedimento de salida, debido a su estado de salud. Sin embargo, la jueza destacó su "activa e importante" vinculación con los delitos.
El proceso fue declarado complejo, otorgándole al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar el acto conclusivo.
A otros imputados se les impusieron medidas menos severas por haber colaborado con la investigación:
Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña cumplirán arresto domiciliario.
Gipsy Pamela Castaños García deberá pagar una garantía económica de RD$500,000 a través de una aseguradora.
La magistrada resaltó que, en delitos de lavado de activos, la responsabilidad penal puede extenderse a quienes omiten justificar el origen de fondos, incluso si no ejecutan el fraude de forma directa. Varios imputados admitieron participación y ofrecieron datos sobre otros involucrados.
La audiencia de revisión fue fijada para el 28 de noviembre.
Una red que estafaba a jubilados desde plataformas digitales
Según la acusación, la red operaba mediante plataformas tecnológicas para cometer fraude electrónico, robo de identidad, suplantación de datos y blanqueo de capitales. Las víctimas principales eran ciudadanos estadounidenses en edad de retiro, lo que ha motivado una fuerte cooperación con agencias de ese país.
El caso forma parte de una investigación de más de dos años que ha permitido identificar y desarticular esta estructura, cuyos tentáculos se extienden a otros procesos similares en curso.
Algunos implicados aceptan ser extraditados a EE.UU.
Entre los arrestados recientemente, Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello aceptaron voluntariamente ser extraditados a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por su participación en la red.
También está pendiente la audiencia de extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (alias Joseo), quien guarda prisión preventiva en Rafey.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente las redes que utilizan tecnología para estafar y lavar activos a gran escala, afectando a víctimas vulnerables fuera del país.
