Comisión Ambiental de la UASD denuncia riesgos de legalizar ocupaciones en las Dunas de Baní

Santo Domingo, RD.- La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) rechaza categóricamente la propuesta del senador Julito Fulcar de “delimitar” los límites del Monumento Natural Dunas de las Calderas para “permitir” que familias permanezcan asentadas dentro del área protegida.

"Esta iniciativa es técnica y jurídicamente improcedente, además de ambientalmente perjudicial: abriría la puerta a la reducción de un área protegida y a la legalización retroactiva de ocupaciones ilegales, lo que constituiría un precedente devastador para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)", precisó.

Razones y fundamentos del rechazo

• Marco legal robusto: la Ley 64-00 y la Ley 202-04 establecen límites, categorías de manejo (Monumento Natural) y reglas de uso. No faltan normas; falta cumplimiento.

• Principio constitucional de irreductibilidad: las áreas del SINAP no pueden ser reducidas ni mutiladas. "Redelimitar" para excluir ocupaciones premia la ilegalidad.

• El falso remedio del “cambio de límites o de categoría” no resuelve la falta de gestión, vigilancia y sanción.

• Interés público superior: las dunas son una barrera natural frente a tormentas y erosión, un área para el estudio científico de procesos y especies peculiares, un hábitat crítico y una zona clave de recarga hídrica; la arena terrígena es finita a escala humana.

Debilidades de la propuesta del senador

• Ilegalidad de origen: intervenir en linderos ya definidos contradice la irreductibilidad y vulnera el principio de no regresión ambiental.

• Premio a la infracción: envía la señal de que la invasión y la extracción ilícita pueden ser recompensadas con la legalización.

• Evasión de la causa raíz: el problema real es la falta de control, el incumplimiento del Plan de Manejo, el clientelismo político y empresarial, y la ausencia de un régimen de consecuencias.

Riesgo de fragmentación: "ajustar" los bordes provoca pérdidas sucesivas con impactos acumulativos en los aspectos geomorfológicos, ecológicos y sociales.

• Inseguridad jurídica: las modificaciones por presión coyuntural debilitan el Estado de derecho y todo el SINAP.

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Extracción ilícita de arena (“mafia de la arena”), que causa daño geomorfológico irreversible y cuenta con una cadena de transporte, venta y uso en la construcción, protegida por la complicidad o inacción de las autoridades.

• Expansión urbana desde Salinas: construcciones ilegales dentro del área y presión política para "regularizarlas".

• Frontera agrícola-ganadera: tala, quema y alambradas que privatizan de facto un bien público y buscan generar "derechos" inexistentes.

• Turismo no regulado: vehículos 4×4, deslizamientos por crestas, depósitos y acumulación de basura, y ausencia de gestión de visitantes.

• Contradicciones y omisiones oficiales: anuncios de soluciones irreales, minimización del problema, falta de presencia y ausencia de sanciones ejemplares.

Exigencias y propuestas concretas

• Retiro y archivo de cualquier iniciativa que altere los linderos o cambie la categoría del área; respeto estricto al principio de irreductibilidad.

• Ejecución inmediata y vinculante del Plan de Manejo, que incluye zonificación, cupos, protocolos de visita y restauración.

• Vigilancia interinstitucional permanente (Medio Ambiente, SENPA, Armada, comunidades organizadas), patrullaje 24/7 por tierra y mar, así como torres de observación y garitas; además, contar con guardaparques suficientes equipados con los recursos y la logística necesarios.

• Régimen de consecuencias reales (“tolerancia cero”): persecución penal y administrativa de toda la cadena (extractores, transportistas, puntos de venta y constructoras, así como beneficiarios del cobro de “peaje” en las instituciones) con trazabilidad obligatoria de agregados.

• Realizar una relocalización ordenada de las ocupaciones dentro del Monumento conforme a la ley; en los casos que corresponda, aplicar un justiprecio y proceder con la adquisición pública, teniendo en cuenta un enfoque social y ambiental. Es importante evitar premiar a los infractores y a sus cómplices con el reconocimiento de "derechos" adquiridos que no son reales.

• Control físico de la expansión desde Salinas: establecimiento de una demarcación perimetral que impida nuevas invasiones hacia las zonas de amortiguamiento y el núcleo del área protegida.

• Infraestructura de bajo impacto y control de visitantes: senderos elevados, torres de observación, centro de visitantes, guías certificados, prohibición estricta de vehículos 4×4 y deslizamientos por crestas.

Llamado a la Ciudadanía

La organización convocó a la sociedad dominicana, incluyendo a la academia, las iglesias, los gremios, las cooperativas, las asociaciones comunitarias, el sector privado responsable, los medios, las juventudes y la diáspora, a mantener una alerta cívica permanente para defender las Dunas de Baní.

"Exigimos a las autoridades que respeten la irreductibilidad del SINAP; hacemos un llamado para integrar brigadas de vigilancia comunitaria y redes de denuncia; para respaldar el comanejo y la economía local basada en la conservación, y para rechazar y perseguir la compra y venta de arena y agregados sin trazabilidad legal", insistió.

Advirtió que las Dunas de las Calderas no se negocian. "Son un patrimonio natural, científico, cultural y de seguridad climática para la República Dominicana. Alterarlas o reducirlas sería una renuncia por parte del Estado", agregó.

La Comisión Ambiental de la UASD reafirma su disposición para aportar rigurosidad técnica, realizar monitoreo ciudadano y emprender acciones legales cuando corresponda.

"Defender las Dunas de las Calderas es un compromiso institucional de la UASD y un deber hacia el país", sostuvo.