Graves hallazgos en auditoría a Punta Catalina comprometen penal y civilmente a exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas

Santo Domingo. —SANTO DOMINGO.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló que importantes sumas de dinero en pesos y dólares, desembolsadas y pagadas por el Ministerio de Hacienda, no fueron registradas en la cuenta bancaria número 107000551, correspondiente a la línea “Construcción” del proyecto termoeléctrico Punta Catalina. Esta irregularidad fue identificada durante la auditoría realizada al proyecto, que abarca el período comprendido entre 2013 y 2021.

Según el informe, se identificaron cuatro hallazgos financieros y contables críticos, seis irregularidades graves en contrataciones, siete casos de mala gestión y opacidad administrativa, y una disputa sobre la estructura de costos, todos señalando una administración deficiente y posible corrupción a gran escala.

Uno de los hallazgos más alarmantes es el pago de más de RD$21,100 millones a contratistas sin evidencia documental que respalde dichas erogaciones, lo que imposibilitó la validación del 14% de lo registrado en la cuenta de “construcción en proceso”. Además, el costo total del proyecto ascendió a US$3,276 millones, muy por encima del contrato base de US$1,945 millones, reflejando sobrecostos millonarios.

La auditoría también señala que el Ministerio de Hacienda pagó RD$10,091 millones en intereses, comisiones e ITBIS que nunca fueron registrados por la CDEEE, y que hasta 2021 la planta seguía contablemente como "en construcción", a pesar de estar en operación desde abril de 2020.

En el área de contrataciones, se documentaron modificaciones contractuales ilegales por encima del 50% del monto inicial, adjudicaciones sin licitación por más de US$33.8 millones y RD$8.2 millones, proveedores inhabilitados y uso indebido de procedimientos de excepción, incluyendo la combinación irregular de “proveedor único” y “exclusividad”.

Además, se detectó ausencia de garantías contractuales obligatorias en múltiples contratos, como la falta de fianzas de seriedad de oferta y cumplimiento, comprometiendo la seguridad jurídica de los procesos.

La Cámara de Cuentas concluye que estas prácticas reflejan deficiencias graves y sistemáticas en la gestión financiera, contractual y administrativa del proyecto, y recomienda un plan de acción correctivo y obligatorio. El informe refuerza la percepción pública de que Punta Catalina ha sido una fuente constante de irregularidades y presunta corrupción desde su concepción.