Participación Ciudadana advierte sobre crisis estructural del sistema eléctrico; propone medidas urgentes

El movimiento cívico Participación Ciudadana advirtió este jueves sobre la profunda crisis estructural que afecta al sistema eléctrico dominicano, marcada por apagones de hasta 12 horas diarias, pérdidas multimillonarias, una gestión ineficiente y una red de corrupción que involucra a funcionarios, políticos y empresas privadas.

En un comunicado, la entidad lamentó que, pese a cuantiosas inversiones públicas, el panorama energético del país se haya deteriorado al punto de convertir el verano de 2025 en una temporada de sufrimiento generalizado para miles de familias y para la economía popular.

“La crisis eléctrica no es nueva, pero se ha agravado con niveles alarmantes de ineficiencia y corrupción. Este modelo, sostenido con subsidios masivos y poca transparencia, ha colapsado”, denunció el movimiento.

Subsidios millonarios sin resultados

Entre enero y agosto de 2025, el Estado destinó más de RD$62,000 millones en subsidios eléctricos, una cifra que representa cerca del 60% del total de subsidios del Gobierno durante ese período. Sin embargo, las pérdidas energéticas aumentaron del 36.9% en 2024 al 37.6% este año, según datos del propio Ministerio de Energía y Minas.

Esto significa que, por cada RD$100 invertidos en el sistema eléctrico, aproximadamente RD$38 se pierden por fraudes, conexiones ilegales y fallas técnicas en la red.

Conexiones ilegales y redes mafiosas

Uno de los factores más alarmantes señalados por Participación Ciudadana es la existencia de centenares de miles de conexiones ilegales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Aunque la cifra bajó de 800,000 en 2024 a 650,000 en agosto de 2025, uno de cada cuatro usuarios del sistema continúa operando al margen de la ley.

“Lo más preocupante es que estas prácticas no solo involucran a ciudadanos comunes, sino también a estructuras criminales que operan desde el propio Estado. Se han instalado mafias de funcionarios, familiares de políticos y empresas de fachada que saquean los recursos públicos con impunidad”, alertó la organización.

EDEs, pérdidas insostenibles y falta de control

Las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) reportaron pérdidas del 41.7% entre enero y mayo de 2025, una cifra que Participación Ciudadana calificó de inaceptable y reflejo de una administración sin controles, con graves fallos en la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas.

El comunicado también cuestiona la efectividad del Decreto 517-25, que declara en emergencia algunos aspectos del sistema eléctrico, advirtiendo que este tipo de medidas excepcionales pueden abrir las puertas a nuevos casos de corrupción si no están acompañadas de vigilancia institucional rigurosa.

“La historia dominicana está llena de emergencias que terminaron siendo pretextos para el despilfarro, las sobrevaluaciones y el clientelismo. Esta no puede ser una más”, sostuvo Participación Ciudadana.

Reformas urgentes que el Gobierno debe adoptar

En respuesta a esta situación, Participación Ciudadana planteó un conjunto de medidas que considera imprescindibles para comenzar a sanear el sector:

Transparencia total en las EDES: Publicación mensual de informes financieros, operativos y ejecución presupuestaria.

Despolitización del sistema eléctrico: Eliminar el uso clientelar del sector, con nombramientos técnicos y no partidarios.

Auditorías independientes: Revisar contratos, pérdidas, inversiones y casos de fraude, incluyendo el de EDEESTE.

Revisión de la política de subsidios: Enfocar los recursos en los hogares vulnerables, mediante esquemas como el Bono Luz.

Plan de reducción de pérdidas: Establecer metas claras y auditables cada año, con participación multisectorial.

Lucha firme contra el fraude eléctrico: Tecnología avanzada, campañas de regularización, sanciones ejemplares y judicialización de los responsables.

Compromiso ciudadano

El movimiento reiteró su compromiso con la vigilancia cívica, el uso responsable de los fondos públicos y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

“No es justo que el pueblo pague con apagones, pérdidas económicas y frustración el precio de décadas de malas prácticas. El sistema eléctrico no puede seguir siendo el botín de políticos y sus allegados”, concluyó Participación Ciudadana.