ADOCCO rechaza amenaza de Milagros Ortiz Boch de someter a su presidente a la justicia por difamación

Santo Domingo. — La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) rechazó este miércoles las amenazas de ser sometida a la justicia por supuesta difamación, tras la acusación pública hecha por la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, quien señaló que ADOCCO incurrió en prevaricación al denunciar irregularidades en la declaración de patrimonio del exministro de Educación, Ángel Enrique Hernández Castillo.

La denuncia original de ADOCCO, presentada el 2 de octubre de 2023, acusa al exfuncionario de omitir en su declaración jurada la Constructora Playa Morón, una empresa de su comunidad conyugal, que habría adquirido un inmueble valorado en 31 millones de pesos estando en el cargo.

 Según la organización, esa omisión viola leyes que regulan las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos y podría configurar delitos de mayor gravedad como lavado de activos.

ADOCCO advirtió que seguirá denunciando a todo servidor público que incurra en irregularidades, y que no se dejará intimidar por las declaraciones de la DIGEIG bajo el título “¿Prevaricación o Difamación?”.

“No lo va a lograr,” dijo la entidad, que adelantó que ha iniciado gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares que impidan lo que califican como un uso indebido del poder institucional.

Ante el archivo de la denuncia por la DIGEIG el primero de septiembre, ADOCCO formalizó una querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el exministro Hernández, por la aparente ocultación del principal activo familiar, su empresa familiar Constructora Playa Morón.

Según la denuncia, la empresa fue registrada el 31 de enero de 2022 ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, y formalmente constituida el 17 de marzo de 2022.

Señala que tiene como propietarias a su esposa, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y su hija, Alejandrina María Hernández Acosta.

Subraya que el 29 de septiembre de 2022, un mes después de asumir el ministerio, compró un terreno en Las Terrenas, Samaná, de más de 7,800 m², matrícula 3000537349, por RD$ 31,095,000.

ADOCCO señala que el inmueble no registra gravámenes y sugiere que la compra pudo haber sido realizada en efectivo, dato que, según ellos, no se compadece con los ingresos reportados por Hernández y su esposa en sus declaraciones juradas.

La organización afirma que la omisión de declarar la empresa o activos vinculados a ella viola el Artículo 5 y el Artículo 8, sección 4, de la Ley 311‑14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, y también la Ley 155‑17 contra el Lavado de Activos. Por tanto, pide al Ministerio Público que acepte formalmente la denuncia‑querella, identifique a quienes colaboraron con el exministro en estos hechos y reúna los medios probatorios necesarios para presentar una acusación penal.