Querellantes desestiman acusaciones contra exministros en caso de expropiaciones fraudulentas

Durante la audiencia de este viernes sobre el caso de expropiaciones fraudulentas, los abogados de las familias Ozuna Mercedes y Reyes reiteraron que el expediente presentado por el Ministerio Público carece de fundamentos sólidos y confirmaron su decisión de desistir de las acusaciones contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y Ángel Lockward.

Los juristas coincidieron en que los exfuncionarios actuaron dentro del marco legal y que no existe evidencia que justifique imputaciones en su contra.

Braulio Castillo, representante de varias familias querellantes, aseguró que ni Guerrero, ni Castillo ni Lockward incurrieron en responsabilidad alguna, señalando que Guerrero incluso autorizó pagos a favor de los afectados, los cuales nunca fueron ejecutados por Hacienda. “Este expediente es más un show que un proceso legal, porque carece de bases para imputaciones”, afirmó Castillo, criticando además la falta de diligencia del Ministerio Público en el desembolso de los recursos que legítimamente corresponden a sus clientes.

José Antonio Montero, abogado de la familia Ozuna Mercedes, destacó que su representada ya ha recibido el 80 % de los montos que le corresponden, mientras que el 20 % restante sigue retenido por la oposición del Ministerio Público. “Hemos desistido contra el doctor Ángel Lockward porque entendemos que es inocente; su actuación siempre estuvo apegada a la ley y a sus honorarios profesionales”, puntualizó.

Patricio Mañón, otro abogado defensor, subrayó que los tres exministros actuaron siempre bajo mandato de sus representados y que tras revisar el expediente no encontraron culpabilidad penal. “Desistimos desde 2021 en el caso de Lockward y más recientemente con Donald Guerrero, pero aún esperamos que el Estado cumpla con los pagos ordenados”, indicó.

Alexander Navarro, representante de la familia Reyes, denunció que las verdaderas víctimas del caso no han recibido el apoyo del Ministerio Público. “Nos sentimos desamparados. Llevamos años esperando que el Estado cumpla con lo que ordena la sentencia, mientras un proceso débil y sin fundamentos continúa”, expresó.

Durante la audiencia, el exministro Donald Guerrero pidió que constara en acta que el informe elaborado por los investigadores antifraude de la Contraloría General de la República nunca fue notificado a su equipo legal, lo que evidencia la falta de garantías procesales y transparencia en el manejo del caso.

El caso de expropiaciones fraudulentas, investigado por el Ministerio Público desde 2020, acusa a exfuncionarios y empresarios de conformar una red que supuestamente desvió miles de millones mediante expropiaciones fraudulentas y sobornos. Sin embargo, los desistimientos de las familias querellantes y las críticas al expediente han debilitado significativamente la posición del órgano acusador, generando crecientes cuestionamientos sobre la solidez del proceso.