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Los mandatarios de Chile, Brasil, Colombia y Perú marcaron un tono de firme oposición a las presiones externas, coincidiendo en la necesidad de fortalecer el derecho internacional y de proteger la soberanía de sus países.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue uno de los oradores más contundentes de la jornada. En un discurso cargado de referencias históricas y de apelaciones al derecho internacional, el mandatario exigió que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sea llevado ante un tribunal internacional por lo que calificó como genocidio en Gaza.
Boric afirmó que “Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad” y recordó que miles de palestinos han perdido la vida, comparando esta tragedia con el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.
El mandatario chileno sostuvo que no busca venganza, sino justicia, y subrayó que su deseo es ver a Netanyahu y a los responsables de los ataques en Gaza enfrentando un proceso judicial internacional, tal como ocurrió en los casos de Ruanda y los Balcanes.
Durante su intervención, Boric amplió su crítica hacia otros conflictos globales, al condenar los bombardeos sobre Irán y la invasión de Ucrania, defendiendo la vigencia de las normas internacionales como “avances civilizatorios” que deben respetarse en todo momento.
Boric también dedicó un tramo de su discurso a responder directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo discurso había sido pronunciado horas antes en la Asamblea General. El mandatario chileno lo acusó de negar la crisis climática, despreciar el multilateralismo y difundir mentiras. “Esa no es una opinión, es una mentira y las mentiras debemos combatirlas”, dijo, provocando una ovación en el recinto.
En medio de su intervención, Boric sorprendió al anunciar que Chile nominará a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU. En presencia de la propia Bachelet, el mandatario destacó su experiencia como jefa de Estado, ministra de Salud y Defensa, directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y sostuvo que su trayectoria representa los valores de la organización.
Boric defendió que es momento de que una mujer lidere las Naciones Unidas y aseguró que todo Chile respalda la candidatura. La expresidenta agradeció públicamente el gesto, calificándolo de “honor” y reafirmó su compromiso con el multilateralismo.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, centró su discurso en la necesidad de reformar las Naciones Unidas para enfrentar las nuevas amenazas globales y evitar bloqueos en la toma de decisiones.
Boluarte sostuvo que “el mundo no necesita menos ONU, sino más ONU” y pidió que el próximo secretario general provenga de América Latina, una postura que coincidió con el respaldo de Boric a la candidatura de Bachelet.
La mandataria peruana advirtió sobre la reaparición de formas de totalitarismo y alertó contra el intervencionismo en los asuntos internos de los países. Si bien no mencionó a ninguna nación en particular, sus palabras fueron interpretadas como una crítica indirecta a Estados Unidos e Israel por las acciones militares recientes.
Además, enfatizó que no es admisible la invasión de un país ni la matanza de civiles en ninguna circunstancia.
Boluarte aprovechó su intervención para destacar que su gobierno ha mantenido la estabilidad institucional en Perú y que la separación de poderes se respeta plenamente. También advirtió que “toda ideología de odio” puede conducir a nuevos genocidios si no se toman medidas a tiempo.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se sumó a la serie de discursos que cuestionaron las políticas de Washington. En su intervención, denunció los “ataques unilaterales” contra las instituciones brasileñas y calificó de inaceptables las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a jueces, familiares y funcionarios de su país.
“Nuestra democracia y nuestra soberanía no son negociables”, enfatizó Lula, al defender el proceso judicial que condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado.
Lula argumentó que las sanciones aplicadas por Estados Unidos, amparadas en la Ley Global Magnitsky, constituyen una agresión directa a la independencia del poder judicial brasileño. Washington había impuesto restricciones de visas y bloqueos financieros a funcionarios de alto rango, así como aranceles del 50% sobre productos brasileños.
Y es que la administración Trump considera que los jueces han actuado con parcialidad, una acusación que el gobierno de Lula rechaza categóricamente.
