Congreso advierte sobre causas de la sobrecarga judicial y llama a aplicar soluciones efectivas

Diputados de distintos partidos coincidieron este jueves en que uno de los principales problemas que afecta al sistema judicial dominicano es la baja cantidad de acuerdos entre las partes durante los procesos, lo que genera una sobrecarga de casos en los tribunales y retrasa la justicia.

Sandro Sánchez, presidente de la Comisión Permanente del Ministerio Público en la Cámara de Diputados, señaló que, aunque se aprueben nuevas leyes, la eficiencia del sistema dependerá principalmente de cómo se gestionan los casos desde el Ministerio Público. Comparó la situación local con la de Puerto Rico, donde el 95 % de los procesos penales se resuelven mediante acuerdos, evitando así llegar a juicio. En contraste, en República Dominicana solo el 13 % de los casos logran resolverse por esta vía.

“Si queremos reducir la carga en los tribunales, hay que fomentar acuerdos entre las partes involucradas”, afirmó el legislador.

Por su parte, Carlos Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía, sostuvo que la crisis del Poder Judicial no es responsabilidad exclusiva de los jueces, sino también del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Respaldó que los tribunales adopten una postura más flexible frente a los acuerdos para evitar el colapso de los tribunales y mejorar los tiempos de respuesta del sistema.

El legislador también cuestionó el uso excesivo de la prisión preventiva, que debería ser la última de las siete medidas de coerción contempladas por el Código Procesal Penal. “Sin embargo, es la más aplicada, y eso provoca una acumulación innecesaria de casos y personas privadas de libertad sin condena”, señaló.

José Alberto Jiménez, diputado de Fuerza del Pueblo y exfiscal, coincidió en que el problema no radica tanto en la falta de leyes, sino en la forma en que se aplica la justicia. A pesar del aumento significativo en el número de fiscales —de 400 a 1,500—, afirmó que la ciudadanía sigue percibiendo lentitud e ineficiencia en los procesos.

“El sistema se ha simplificado en teoría, pero en la práctica no hay resultados que respalden esa mejora”, criticó Jiménez.

Finalmente, la diputada oficialista Soraya Suárez rechazó que el Congreso sea responsable de los problemas del sistema judicial. Afirmó que ya existen leyes suficientes y que el reto está en su correcta implementación.

“Nosotros como legisladores estamos cumpliendo con nuestra parte. Si falta personal o si no tienen la experiencia necesaria, que lo digan y que se capacite. Pero no se puede seguir evadiendo responsabilidades”, reclamó.

La situación en los tribunales dominicanos contrasta con la de otras jurisdicciones como Puerto Rico, donde entre el 90 y el 95 % de los casos se resuelven sin necesidad de juicio. En República Dominicana, en cambio, más del 80 % de los procesos terminan en juicio de fondo, lo que contribuye a la saturación del sistema y a la mora judicial.