Fuerza de Tarea Conjunta redoblará esfuerzos para eliminar armas ilegales

Santo Domingo, RD.- La Fuerza de Tarea Conjunta anunció este lunes 29 de septiembre el inicio, a partir de octubre, de un plan de acción para sacar de circulación las armas en manos de civiles que incumplen con la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.

A partir del Decreto No. 212-21, que establece el Plan Nacional de Desarme por la Paz, se priorizarán las acciones en las localidades donde las armas de fuego tienen un mayor impacto en los homicidios y conflictos sociales.

Estas medidas estarán acompañadas de un período de gracia especial, establecido por el Ministerio de Interior y Policía mediante la resolución MIP-RR-0008-2025, que se aplicará entre octubre y diciembre. Esta disposición permitirá a los ciudadanos con licencias vencidas renovarlas bajo condiciones económicas más favorables.

La información fue proporcionada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al concluir la reunión número 109 de seguimiento de la Fuerza de Tarea, presidida por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Raful destacó que la medida se enmarca en la aplicación de la Ley 631-16, que busca prevenir el uso indebido, desvío y tráfico de armas de fuego.

“Estas armas deben ser retiradas de nuestras calles y entregadas al Ministerio del Interior y Policía, donde serán examinadas para determinar su trazabilidad y origen”, puntualizó la ministra.

Según las estadísticas de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han recuperado 5,700 armas de fuego, de las cuales 3,958 eran ilegales, 364 tenían licencias vencidas y 1,228 estaban vinculadas a investigaciones judiciales.

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La ministra informó que la tasa acumulada de homicidios al 26 de septiembre de 2025 es de 8.1 por cada 100,000 habitantes, con 25 demarcaciones en un solo dígito y 9 en dos dígitos. Entre estas últimas, Dajabón y Azua se mantienen en nivel amarillo con tasas de 10.7 y 10.8, respectivamente.

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Raful recordó que el nuevo Código Penal contempla la creación de un registro de agresores sexuales, bajo la responsabilidad del Ministerio Público, el cual será presentado próximamente en el marco de los trabajos de la Fuerza de Tarea.

Con este plan de acción, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante el control de armas y la reducción de la violencia en las comunidades más vulnerables.