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Los activistas españoles de la Flotilla Global Sumud expulsados de Israel han denunciado a su llegada a Madrid que han sido «vejados» y «humillados» en la prisión en la que han permanecido detenidos, donde han sufrido malos tratos físicos y psicológicos
«Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos durante todos estos días: nos han golpeado, nos han arrastrado por los suelos, nos han vendado los ojos, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado», ha denunciado Rafael Borrego, uno de los activistas, ante las numerosas cámaras de televisión que les esperaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que, si no hay cambios de última hora, los 28 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla que siguen detenidos podrán salir hoy mismo de Israel para regresar a España.
Así lo ha anunciado en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que un grupo de 21 activistas españoles de la flotilla -entre ellos, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas- aterrizara ayer domingo por la noche en España.
Este primer grupo de 21 españoles ha llegado este domingo a Madrid, mientras que en la prisión israelí de Saharonim, en el desierto del Neguev, siguen detenidos otros 28 españoles junto a activistas de otras nacionalidades que viajaban en la flotilla y que han rechazado firmar un documento reconociendo que su entrada en el país fue ilegal.
Tras los abrazos y saludos a los amigos y familiares que les esperaban en la terminal del aeropuerto, han relatado las jornadas vividas desde que el pasado miércoles la flotilla fue interceptada por la armada israelí.
Según han señalado, estuvieron horas maniatados en el puerto antes de ser trasladados a la prisión en el desierto, en un «proceso constante de deshumanización»;
También han denunciado que han sido deportados sin juicio y que se les han mostrado papeles en hebreo, sin traductor.
No tuvieron acceso a abogados ni han podido contactar con sus familias; no han recibido asistencia médica y se les privó de agua potable y de medicamentos necesarios a algunos de ellos, como la insulina que requerían dos personas diabéticas y que no recibieron hasta tres días después de la detención.
De acuerdo con su relato, personas armadas entraban con perros en las celdas y les apuntaban a la cabeza; les privaban del sueño, les cambiaban de celda para impedir que durmieran y fueron tratados «peor que animales».
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el Gobierno responderá a las denuncias de los activistas españoles de la flotilla, pero ha mostrado su cautela sobre las medidas jurídicas que se podrían adoptar a la espera de que el resto de españoles regresen hoy.
En declaraciones en TVE, Marlaska ha recordado que el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado están siendo «proactivas» al personarse en la Corte Penal Internacional, pero que no se pueden anticipar calificaciones jurídicas sobre lo sucedido con la flotilla.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel denunció que una integrante española de la Flotilla que iba a ser deportada este lunes, mordió a una trabajadora de la salud en la prisión israelí de Ketziot, donde están detenidos los activistas.
El Gobierno israelí aseguró que la trabajadora médica sufrió «lesiones menores» y que la policía fue llamada para intervenir y «encargarse» de la detenida.
«Los hechos habrá que concretarlos», ha añadido antes de apuntar que si se han producido esos abordajes en aguas internacionales los convenios son claros y tienen calificación jurídica tanto de carácter internacional como en el ámbito nacional, ya que se trataría de una «una privación de libertad absolutamente ilegal de las personas víctimas de esos hechos».
Marlaska ha considerado que en esa posible investigación judicial española «ayudaría y mucho» que estos activistas presentaran una denuncia sobre esos presuntos malos tratos y vejaciones sufridas en Israel.
Los miembros de la flotilla han agradecido la presión popular, han pedido a los gobiernos que actúen para que lo ocurrido no quede impune y han querido llamar la atención sobre la situación de miles de presos palestinos que están en poder de las autoridades israelíes.
A su juicio, Israel ha querido tener una actitud ejemplarizante con los activistas, pero ellos han tenido la fortuna de que el foco internacional estaba sobre la flotilla.
Una de los integrantes de este primer grupo ha sido la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau quien también ha denunciado los «abusos y maltratos» a los que han sido sometidos y por los que emprenderá «acciones».
Colau ha hecho un llamamiento a la movilización para parar los pies a este «Estado terrorista neofascista» israelí.
Ya en la capital catalana, rodeada de dirigentes de Comuns como Jéssica Albiach o David Cid, que han acudido a arroparla, Colau ha narrado «una experiencia muy dura» a partir de «la detención ilegal» de los activistas -que ha definido como un «secuestro en aguas internacionales»-, tras el cual fueron trasladados a la prisión por «centenares de policías muy agresivos, muy violentos», que los maltrataron.
Según la exalcaldesa, los mantuvieron durante horas «arrodillados en el suelo o con la cabeza contra el suelo», entre «gritos, insultos, humillaciones», y les arrancaron prendas de ropa y collares, antes de llevarlos a una «horrible» prisión de alta seguridad en el desierto, donde continuó el «trato denigrante».
«Emprenderemos todas las acciones para no permitir la impunidad», ha advertido Colau, quien detallado que para poder salir de Israel firmó un documento aceptando la deportación inmediata.
Sobre los activistas que no firmaron ese documento y siguen presos, ha dicho revelado que al menos uno de ellos, el miembro de la CUP Adrià Plazas, está en huelga de hambre.
A pesar de lo ocurrido, han asegurado que volverían a embarcarse y han confiado en que pronto haya otra flotilla hacia la Franja de Gaza.
