Bolivia autoriza importaciones privadas de combustible en medio de la crisis

El Congreso de Bolivia aprobó en la madrugada del viernes una ley excepcional que permitirá la importación de combustibles por operadores privados durante tres meses, en un intento urgente por mitigar la grave escasez de carburantes que desde hace semanas paraliza al país, provoca largas filas en las estaciones de servicio y ha desatado una creciente tensión social y económica.

La medida, inédita en décadas, autoriza a empresas privadas a comprar en el exterior diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) sin pago de impuestos y bajo supervisión estatal, pudiendo distribuirlos a precio de mercado si el Estado no logra cubrir la totalidad de la demanda.

El nuevo marco legal responde a una crisis de abastecimiento que ha impactado duramente a la población y al sector productivo, en medio de una inflación interanual que superó el 23 % en septiembre.

Hasta ahora, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mantenía el monopolio de las importaciones y el sistema de subsidios a los combustibles. Sin embargo, la política económica del gobierno saliente de Luis Arce, cuyo mandato concluye el 8 de noviembre, agotó casi todas las reservas internacionales y generó una alarmante escasez de divisas.

Según la Cámara de Diputados, la nueva ley “permitirá implementar medidas excepcionales que garanticen el abastecimiento nacional ante situaciones de emergencia”. La norma fue impulsada por organizaciones cívicas y empresariales mediante iniciativa ciudadana.

Stello Cochamanidis, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, describió el panorama urbano: “Los surtidores tienen tres o cuatro filas. Ya no se puede transitar porque todo está colapsado por las colas”.

La crisis energética coincide con una coyuntura económica frágil: el Banco Mundial proyecta una contracción del PIB boliviano al menos hasta 2027, mientras el presupuesto nacional destinaría USD 2.177 millones en 2025 para sostener los subsidios a los carburantes.

En este contexto asumirá el presidente electo Rodrigo Paz, de tendencia centroderechista, quien ha prometido revisar el esquema de subsidios y aplicar su plan “Capitalismo para todos”, enfocado en créditos blandos, reducción de impuestos y descentralización del gasto público. No obstante, Paz aseguró que mantendrá los precios congelados para el transporte público.

El triunfo de Paz marca el fin de casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y abre un nuevo capítulo en la política exterior del país. El mandatario electo ya manifestó su intención de retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, interrumpidas desde 2008 tras la expulsión del embajador estadounidense y de la DEA durante el gobierno de Evo Morales.

Paz confirmó un primer contacto con Washington a través del subsecretario de Estado Christopher Landau, y aseguró que EE. UU. será uno de los “países amigos” que podrían asistir a Bolivia en el suministro de combustibles.

Sin embargo, esta apertura ha generado resistencia en el oficialismo. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, acusó a Paz de “tenderle la alfombra roja a la DEA”, mientras Morales advirtió que “Estados Unidos no ayuda, condiciona”, llamando a evitar una “política de imperio”.

Pese a las críticas, el gobierno estadounidense ya anunció un plan de asistencia energética para Bolivia, lo que sugiere un inminente viraje tanto en la política económica interna como en la agenda internacional del país andino.