Tribunal revisará decisión del Ministerio Público sobre supuesto desvío de US$9 millones

Santo Domingo, RD.- El próximo 19 de noviembre, la justicia dominicana revisará una objeción que busca revertir el polémico archivo de una querella millonaria interpuesta por las entidades Ilmex, LTD y Dolwen, LTD, en la que se alega abuso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores.

En el epicentro del caso se encuentran figuras empresariales tanto del país como del extranjero, incluyendo a Luis José Asilis Elmudesi, Luis J. Asilis Cortina, el magnate internacional de nacionalidades jamaicana y canadiense Michael Anthony Lee-Chin, y las entidades Grupo Metro, AIC International Investment Limited y Lajun Corporation.

La controversia central no radica únicamente en la presunta distracción y desvío fraudulento de nueve millones de dólares (US$9,000,000.00) pertenecientes a inversionistas extranjeros, sino en la manera en que el Ministerio Público archivó el expediente.

Según la objeción, la fiscal Ivelisse Casado ordenó el archivo definitivo del expediente de manera sorpresiva, presuntamente a pesar de los hechos denunciados.

Lee-Chin es presidente y director general de Portland Holdings Inc., su empresa de inversiones privadas. Posee el 60 % del National Commercial Bank (NCB) Jamaica, adquirido en 2002 y actualmente el mayor banco del país. A través de Portland Holdings, mantiene una cartera diversificada con presencia en finanzas, telecomunicaciones, medios, turismo, gestión de residuos e inversiones en generación eléctrica en República Dominicana.

Los querellantes denuncian que el caso fue cerrado "sin interrogar a nadie ni investigar los hechos denunciados", lo cual motivó la acción de objeción que ahora busca reactivar el proceso penal.

En el expediente se detalla un presunto esquema de captación de fondos de alta complejidad. Los 9 millones de dólares habrían sido entregados a los querellados bajo la supuesta garantía corporativa del Grupo Metro.

La operación se llevó a cabo mediante "papeles comerciales", un mecanismo que, según la querella, no contaba con la autorización de las autoridades monetarias de la República Dominicana para captar fondos del público. Para asegurar la inversión, se ofreció además la "garantía" de los activos del grupo empresarial y de sus empresas vinculadas, descritas anteriormente.

En la querella se describe un presunto "contubernio fraudulento" diseñado para vaciar e insolventar las empresas. Se acusa a los implicados de haber insolventado deliberadamente las entidades integrantes del grupo que servían de garantía, trasladando la propiedad de los activos valiosos a otras sociedades controladas por ellos mismos.

Esta maniobra, según los abogados de las víctimas, no solo buscaba dejar a los inversores extranjeros sin posibilidad alguna de recuperar su dinero, sino que también constituye, por sí misma, el tipo penal de lavado de activos, al intentar ocultar el destino de los fondos y los bienes adquiridos.

Un tribunal deberá evaluar si la decisión de la fiscal Casado de archivar el caso tuvo fundamento legal o si, por el contrario, existen méritos suficientes para reabrir la investigación y llevar a los imputados a juicio.