Advierten que sin pacto fiscal, el Presupuesto 2026 repetirá “ciclo de parches”

Santo Domingo. – La publicación “Un presupuesto sin pacto”, presentada este martes, alerta que el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 vuelve a priorizar la estabilidad macroeconómica por encima de la justicia fiscal y el fortalecimiento del Estado social, perpetuando un modelo que protege privilegios mientras posterga promesas de desarrollo.

La autora del estudio, la economista Rosa Cañete Alonso, afirma que discutir política fiscal es discutir derechos, pero el país continúa atrapado en un “bucle fiscal” donde los ingresos permanecen estancados, el gasto es rígido e ineficiente y el déficit se ha convertido en una característica estructural. Desde 2020, destaca, “los ingresos corrientes ya ni siquiera alcanzan a cubrir los gastos corrientes”, lo que ha generado un déficit primario inédito en la historia reciente.

Según el análisis, el Estado ya no se endeuda para invertir, sino para cubrir gastos operativos cotidianos, una señal clara de deterioro institucional.

Nómina pública crecida sin mejoras en servicios

El documento detalla que entre 2005 y 2025 el empleo estatal se triplicó, con incrementos de 61 % (2005–2012), 73 % (2012–2019) y 18 % entre 2020 y 2025. Para 2026, la nómina alcanzará el 5.53 % del PIB, equivalente al 34 % del presupuesto nacional.

Cañete aclara que el problema no es el tamaño del aparato público, sino su crecimiento sin planificación ni mejoras en la calidad del servicio: “Cuando la expansión responde a criterios políticos y clientelares, no a necesidades institucionales, se agrava la ineficiencia”.

El estudio denuncia que el presupuesto de la Presidencia para 2026 asciende a RD$130,000 millones, el tercer monto más alto del Estado, superando el presupuesto conjunto de 12 ministerios y la Procuraduría. La institución gestiona más de 20 subprogramas y unidades ejecutoras, muchas fuera de su mandato. Pese a que el Decreto 497-21 ordenó revisar el sector social en 2021, la reforma no se concretó.

El servicio de la deuda consumirá uno de cada cinco pesos presupuestados en 2026, reduciendo el espacio para políticas públicas y limitando la inversión social y productiva.
El estudio también destaca que el 55 % de las exenciones fiscales beneficia a empresas y que la mayoría no ha sido evaluada en términos de impacto o pertinencia.

La autora insiste en que un pacto fiscal sin reforma institucional carece de sentido: “Recaudar más sin gastar mejor solo profundiza el problema”. Plantea la necesidad de profesionalizar la administración pública, revisar las exenciones y reorientar el gasto hacia desarrollo social y productivo.

“El presupuesto debe dejar de ser un ritual técnico de estabilidad macroeconómica para convertirse en una herramienta de justicia fiscal, desarrollo y democracia”, concluye Cañete.

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