
El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que la organización pondrá en marcha un plan de control interno más estricto para evitar cualquier vínculo con actividades ilícitas dentro de sus estructuras. La decisión responde a la intención del partido de asumir un rol más activo y transparente ante recientes casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Paliza explicó que el PRM iniciará una revisión exhaustiva de los expedientes de todos sus dirigentes y militantes, con el propósito de depurar la membresía y asegurar que quienes ocupen posiciones en la organización cumplan con los estándares éticos y legales establecidos. Según indicó, estas auditorías internas serán más rigurosas que en años anteriores y se aplicarán de manera uniforme, sin excepción alguna.
El dirigente adelantó además que el PRM presentará al Congreso Nacional una propuesta para modificar la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el objetivo de que los partidos políticos sean considerados “sujetos obligados”. Esto implicaría mayores exigencias de transparencia financiera y nuevos mecanismos para evitar la infiltración de recursos provenientes de redes criminales.
Para Paliza, incorporar a las organizaciones políticas al sistema nacional antilavado cerraría brechas históricas que han permitido a estructuras delictivas ganar influencia social y política. Aseguró que esta reforma es esencial para proteger la integridad democrática del país y evitar que los partidos sean utilizados como plataformas por organizaciones criminales.
El dirigente puntualizó que estas medidas buscan sentar un precedente duradero más allá de la coyuntura actual. “Tenemos la obligación de demostrar que la política puede y debe ser un espacio limpio”, sostuvo, al insistir en que la lucha contra el crimen organizado debe trascender las diferencias partidarias.
Finalmente, Paliza reiteró la disposición del PRM a trabajar junto a otras fuerzas políticas, instituciones y actores sociales para fortalecer la transparencia, el control y la responsabilidad en la vida pública. A su juicio, blindar a los partidos frente al lavado de activos es un paso indispensable para recuperar la confianza ciudadana y consolidar la democracia dominicana.