
La Fiscalía General de la República de Mèxico (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por su supuesto vínculo en el tráfico de drogas, armas y combustible (huachicol) entre Guatemala y México, de acuerdo con una investigación publicada este miércoles por el diario Reforma.
De acuerdo con estas fuentes, el 19 de noviembre el empresario fue incorporado formalmente al programa de testigos colaboradores de la FGR, lo que implica que aportará información relevante a cambio de beneficios procesales. La decisión se produjo después de que se emitiera una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos federales de alto impacto.
Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano con presencia en los sectores energético y aeronáutico, ha ampliado de manera significativa su influencia en el ámbito internacional tras convertirse en uno de los principales propietarios de la organización Miss Universo. El también presidente de Soluciones Gasíferas del Sur, dedicada al sector energético, y de Century Aviation, enfocada en servicios aeronáuticos, adquirió en enero de 2024 el 50 por ciento de las acciones de Miss Universe Organization mediante su firma Legacy Holding.
Esta adquisición lo colocó como una de las figuras con mayor poder dentro del certamen de belleza más importante del mundo, un movimiento que generó interés internacional dada su participación previa en industrias estratégicas. Su presencia en la organización cobró mayor visibilidad durante 2025, luego de que la mexicana Fátima Bosch fuera coronada Miss Universo, un resultado que provocó señalamientos públicos sobre un posible conflicto de interés.
La FGR sostiene que la red dirigida por Rocha Cantú operaba un esquema sistemático de robo y tráfico de huachicol desde Guatemala, destinado a abastecer a organizaciones criminales mexicanas.
La investigación detalla que las operaciones logísticas se realizaban desde Querétaro, donde se identificaron dos centros clave:
Según la FGR, este sistema permitía fabricar documentación, evadir controles fiscales y complicar la trazabilidad del producto.
Además del tráfico de huachicol, la indagatoria señala indicios de un presunto esquema de tráfico de armas operado mediante empresas de seguridad privada. Estas compañías habrían servido para adquirir, trasladar y rematricular armas de fuego de manera irregular.
Según los reportes, el armamento terminado habría sido canalizado a organizaciones criminales como el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra, en Veracruz. Las autoridades federales señalan que estas operaciones dificultaron la trazabilidad de los equipos asegurados durante diversos operativos.