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Santo Domingo.-Una nueva denuncia depositada ante la Procuraduría General de la República exige abrir una investigación penal tras la confesión de Esteban Andrés Angomás Delgado (“El Bebo”), quien afirmó haber recibido pagos y entrenamiento para declarar falsamente contra el piloto Affe Gutiérrez Gil y su padre, Rafael Gutiérrez Heredia, durante un proceso que los mantuvo 28 meses en prisión.
Los denunciantes sostienen que la confesión respalda su alegato de que el expediente habría sido fabricado, y aseguran que detrás del caso habría actuado una red integrada por testigos pagados, funcionarios estatales y operadores judiciales.
Según la denuncia, El Bebo declaró en una grabación que:
La familia Gutiérrez afirma que esto coincide con lo que denuncian desde hace más de una década: que el caso habría sido diseñado “desde cero” mediante presiones políticas, testigos reclutados y favores estatales.
El documento acusa —como motivación principal del supuesto montaje— una venganza personal del empresario Juan Ramón Gómez Díaz, entonces pareja de Sarah Pepén, actualmente esposa de Affe Gutiérrez.
La denuncia sostiene que la querella se habría financiado por motivos personales y presenta como indicios:
Los denunciantes describen este conjunto de acciones como “una maquinaria privada que secuestró al Estado”.
La denuncia pide que se investigue la posible participación de exfiscales, funcionarios públicos y jueces que, según el documento, habrían intervenido directa o indirectamente en el proceso.
La parte denunciante asegura que estos elementos apuntan a un “ecosistema de corrupción”, aunque ninguna de estas acusaciones ha sido probada por autoridades judiciales.
El documento solicita formalmente:
A la salida de la Procuraduría, Affe Gutiérrez declaró:
“Durante 17 años denunciamos que este caso fue inventado y comprado. La confesión de El Bebo lo confirma.”
Su padre, Rafael Gutiérrez Heredia, afirmó:
“Lo que vivimos fue una ejecución civil disfrazada de proceso penal.”
Si el Ministerio Público decide abrir una investigación, más de una docena de actores —entre presuntos autores intelectuales, funcionarios, testigos y jueces— quedarían bajo escrutinio.
De confirmarse las denuncias, este expediente podría convertirse en uno de los casos de corrupción judicial más graves de las últimas décadas, según sostienen los denunciantes.
