
La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que evaluará si la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres en situación migratoria ilegal o temporal, cumple con lo establecido en la Constitución.
La medida fue firmada el 20 de enero, al inicio de su segundo mandato, pero no ha entrado en vigor debido a fallos judiciales que bloquearon sus principales disposiciones. Ahora, el máximo tribunal escuchará en primavera la apelación presentada por la administración Trump, y se espera un veredicto definitivo a comienzos del verano.
La orden forma parte de una estrategia migratoria más amplia que incluye operativos reforzados en varias ciudades y el uso excepcional —en tiempos de paz— de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII.
El gobierno enfrenta múltiples demandas por estas políticas. En decisiones recientes, la propia Corte ha enviado señales mixtas: por un lado, bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar sin audiencia a presuntos pandilleros venezolanos; por otro, permitió reanudar redadas migratorias masivas en Los Ángeles, pese a denuncias de detenciones basadas únicamente en raza, idioma, ocupación o lugar de residencia.