Decimonoveno aplazamiento en caso de corrupción: las defensas continúan ganando tiempo

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público lamentó otro aplazamiento (el vigésimo) de la audiencia por corrupción que se sigue contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros implicados. Reiteró que el equipo de fiscales a cargo del proceso cumple con su deber ciudadano de estar preparado, manteniendo el respeto hacia el tribunal y el sistema de justicia.

Este jueves, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia debido a que la defensa del imputado Rafael Porfirio Calderón presentó un certificado médico con una licencia de siete días, relacionado con un procedimiento quirúrgico ambulatorio.

La jueza indicó que, con el nuevo aplazamiento, queda demostrado que el retraso en el conocimiento de la audiencia preliminar no se trata simplemente de agregar un día más. "Porque acogimos la petición, agregamos dos días más al calendario: lunes 8 y martes 9 de diciembre; sin embargo, hoy se ha presentado otro certificado médico".

Asimismo, señaló que los jueces no toman vacaciones colectivas, refiriéndose al argumento de la defensa de la imputada Nathaly Hernández, que alegó que en su oficina jurídica se toman vacaciones colectivas a partir del 15 de diciembre.

"Nosotros estamos aquí para celebrar audiencias los días hábiles del calendario; solo los días feriados no se llevarán a cabo audiencias", dijo. "Este cuarto juzgado de instrucción continuará conociendo las audiencias que teníamos programadas en el calendario para el desarrollo de este proceso. Esto se hace en respeto al debido proceso y al plazo razonable al que tienen derecho todas las partes, y que tanto se defiende aquí".

En relación con la solicitud de desglose presentada por la defensa de Nathaly Hernández, la magistrada Ramírez destacó que este pedido es improcedente en esta etapa del proceso.

Mientras tanto, el fiscal Arolin Lemos, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó: “Reconociendo el tema de la responsabilidad procesal y que este proceso legal debe llegar a una conclusión, en el Ministerio Público, en todo momento, hemos estado pendientes de que el proceso sea conocido”.

"Entendemos esta situación de salud, pero el proceso debe continuar de manera justa y segura", añadió. Recordó que el Ministerio Público no se opuso a la decisión del tribunal de aplazar la audiencia hasta el próximo jueves 11 de este mes, pero resaltó la necesidad de cumplir con la programación establecida.

El señalamiento del Ministerio Público se produce al recordar las tácticas dilatorias que las defensas han utilizado para evitar el desarrollo del proceso judicial y que los tribunales dicten las sanciones que la sociedad dominicana espera.

Para este jueves, por segunda ocasión, estaba programado el inicio de la presentación de alegatos por parte de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Calderón y Hernández están acusados en el proceso por corrupción administrativa que se sigue contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y sus cómplices, a quienes se les imputa haber defraudado al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de los contribuyentes.

Según la acusación, los procesados formaban parte de una estructura que desvió la mencionada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como mediante sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

El Ministerio Público, en este caso, presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros delitos.

En este expediente, el órgano acusador también imputa al abogado Ángel Lockward y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.