FINJUS advierte riesgos: medidas de coerción y arraigo desatan controversia en la reforma del Código Procesal Penal

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó fuertes preocupaciones ante las modificaciones aprobadas por el Senado al Código Procesal Penal (CPP), al considerar que varios de los cambios podrían transformar la prisión preventiva en una medida prácticamente automática.

La organización sostiene que la ampliación de los criterios de arraigo, la flexibilización de los requisitos para imponer medidas de coerción y el aumento de la discrecionalidad del Ministerio Público generan un escenario que pone en riesgo la presunción de inocencia y podría elevar el número de personas encarceladas sin condena.

Su vicepresidente, Servio Tulio Castaños Guzmán, calificó el proyecto como estructuralmente problemático, señalando posibles afectaciones al debido proceso, dudas sobre la suspensión de la prescripción y un desequilibrio marcado en favor del Ministerio Público. En su opinión, el Congreso debió retomar la versión del CPP aprobada en 2015 antes de impulsar reformas tan profundas.

Castaños Guzmán advirtió sobre la trascendencia del texto legal: “No estamos modificando una ley menor; estamos tocando uno de los instrumentos más importantes después de la Constitución”. Aunque reconoció que el código requiere ajustes, insistió en que no deben hacerse de esta manera ni sin un consenso amplio.

Las observaciones de FINJUS contrastan con la votación unánime de los 28 senadores presentes, que aprobaron la reforma y la enviaron al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación o revisión.