
Santo Domingo, RD.- El Partido de la Liberación Dominicana denunció que el Ministerio Público está actuando con parcialidad política, aplicando un trato indulgente al PRM y un trato cruel y humillante a cualquier otro ciudadano bajo investigación, manipulando la justicia para mantener la hegemonía del partido de gobierno.
La organización política criticó que el Ministerio Público actúe de una manera cuando los imputados están vinculados al Partido Revolucionario Moderno (PRM), y de una manera radicalmente distinta cuando se trata de dirigentes, exfuncionarios o relacionados con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El PLD expresó su posición respecto al fraude a la ARS SeNaSa a través de su vicepresidente, Yván Lorenzo, durante la rueda de prensa de este lunes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez. En esta ocasión, estuvo acompañado por el también vicepresidente Temístocles Montás y por el secretario de Asuntos Jurídicos y miembro del Comité Político, José Dantés Díaz.
Lorenzo observó que "tenemos una justicia completamente dependiente del poder político, que opera como un instrumento partidario para proteger al PRM, evitando dañar su imagen al protegerlo de amenazas externas, como las solicitudes de extradición que se procesan en silencio, y persiguiendo con dureza a quienes representan un riesgo político o electoral para el partido de gobierno".
Lorenzo señaló que, cuando se trata del PRM, se actúa con suavidad, discreción y garantías plenas. No hay allanamientos televisados, ni operativos de madrugada con información disponible para la prensa, ni cámaras convocadas por el propio Ministerio Público. No se utilizan medidas humillantes ni actuaciones degradantes, y los expedientes se manejan con un hermetismo absoluto: cero filtraciones, cero escándalos mediáticos, cero juicios anticipados, entre otros.
En cambio, comparó que si se trata del PLD o de cualquier ciudadano común, aparece la otra cara del Ministerio Público: espectáculo, humillación y condena mediática previa, allanamientos a las 3 y 4 de la mañana con cámaras previamente convocadas, personas sacadas sin ropa frente a sus familias y vecinos, uso excesivo de cascos, chalecos, armas largas y despliegue teatral, filtraciones masivas de 20 mil, 30 mil, hasta 50 mil páginas divulgadas antes de llegar a los abogados, y solicitudes de coerción desproporcionadas, entre otras.
Al exponer el documento entregado a los medios de comunicación, afirmó que el comportamiento no es técnico ni jurídico, sino político: “Estamos ante un Ministerio Público dependiente y funcionalmente subordinado al interés político del Gobierno. Es un caso típico de Lawfare: el uso del sistema penal con fines políticos”.
Apuntó que lo denunciado expone una justicia selectiva, cuyo criterio de actuación no es jurídico, sino claramente político.