- Martes, 9 de Diciembre, 2025
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Santo Domingo, RD.- Los diez arrestados, contra quienes el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción, están implicados como parte de una red que habría participado en fraude administrativo, delitos de corrupción, falsificación de documentos y lavado de activos durante la gestión de Santiago Hazim en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Así se hace constar en el documento mediante el cual la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción solicita medidas de coerción contra Santiago Hazim, exdirector de la administradora de salud estatal, y otros nueve imputados. Un juez de Instrucción del Distrito Nacional decidirá la mañana de este martes su destino ante la acusación de presunta defraudación contra el Estado, la cual se estima en un monto superior a los 15 mil millones de pesos.
La medida de coerción de prisión preventiva fue solicitada, además de para Santiago Hazim, para Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, las irregularidades detectadas en el SeNaSa se habrían cometido mediante esquemas de fraude y sobornos relacionados con autorizaciones médicas y pagos a proveedores calificados como "sospechosos".
En el expediente se hace referencia a los pagos que se realizaron a la empresa Lufarka, propiedad de la acusada Ada Ledesma Ubiera.
Como parte de las investigaciones de la Procuraduría General, se pudo determinar que el consultor legal del SeNaSa, Germán Robles Quiñones, desempeñaba la función de ser el enlace para facilitar pagos sospechosos a la empresa Lufarka.
Se descubrió que Robles Quiñones y Ledesma Ubiera, ambos detenidos por el caso, eran socios en la empresa Skinmed Sthetic Clinic.
Se ha revelado que los pagos acelerados que se aprobaban en SeNaSa a favor de Lufarka fueron el detonante para abrir una investigación sobre las irregularidades cometidas en la administradora.
También hubo mucha incertidumbre y preocupación sobre el esquema establecido para las autorizaciones médicas fraudulentas a través de un centro de llamadas paralelo al aprobado en el SeNaSa.
Las autoridades descubrieron que el centro de llamadas fue creado por un exempleado de la entidad oficial, involucrando a 40 servidores, médicos y proveedores de servicios.
En la solicitud de medida de coerción se insiste en que Roque Quiñones se amparaba en sus funciones legales para dar apariencia de legalidad a los desembolsos destinados a la empresa de su socia, Ledesma Ubiera.
En el expediente se revela que el exgerente financiero de SeNaSa, Gustavo Enrique Messina Cruz, podría haber incurrido en irregularidades en el manejo de los fondos.
El arrestado Alan Speakler Mateo es señalado como el supuesto ejecutivo del Grupo Siulrod SRL (operando en el país como Mycare), a través del cual se realizaban autorizaciones fraudulentas y se inflaban contratos bajo el régimen subsidiado.
La detenida Minerva Minaya Reyes está acusada de desempeñar un papel administrativo en los procesos y la ejecución de maniobras fraudulentas.
El Ministerio Público alega que Cinty Acosta Sención habría participado en presuntas adulteraciones de documentos y en procesos internos irregulares.
Rafael Luis Martínez Hazim está acusado de haber participado en maniobras para el desvío de fondos y en operaciones administrativas fraudulentas.
Santiago Hazim y los demás arrestados son acusados por el Ministerio Público de haber creado un sistema paralelo de toma de decisiones para anular controles institucionales y así permitir la manipulación en la contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.
Según el Ministerio Público, el grupo se dedicaba a alterar estados financieros, formular reclamaciones falsas y justificar pagos irregulares mediante documentación adulterada.
A partir de diciembre de 2024, esas maniobras se constituyen en un fraude en perjuicio del Estado por un monto de 15 mil millones de pesos.
En el documento sobre la medida de coerción se indica que, en el entramado de corrupción, se utilizaron empresas de papel y facturación ficticia para el lavado de dinero proveniente de SeNaSa.
El grupo está acusado de haber llevado a cabo operaciones que incluían una triangulación bancaria para compras simuladas y el uso de terceros para ocultar la procedencia de los recursos.
