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La jueza Yaritza Cabral impuso este miércoles una garantía económica de 500 mil pesos, junto con obligación de presentación periódica e impedimento de salida del país, a tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar.
Las medidas recaen sobre Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora de secundaria.
En contraste, la coordinadora general, Gisela González Estrella, fue favorecida con libertad simple.
La decisión generó inmediata inconformidad. La magistrada Olga Dina Llaverías adelantó que el Ministerio Público no comparte el fallo y que lo recurrirá en cuanto reciba la notificación formal.
Los abogados de la familia, Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Calcaño, consideraron la coerción como “insuficiente” y denunciaron que quienes, según ellos, son los verdaderos responsables en la estructura directiva del colegio quedaron fuera del proceso.
Los representantes legales recordaron que ya depositaron una querella y una solicitud de medidas de coerción contra los administradores tanto del centro educativo como de la hacienda donde ocurrió el hecho, tras constatarse que el lugar no cumplía con las condiciones mínimas para recibir a menores.
La familia de Stephora reiteró que continuará su búsqueda de justicia “hasta que los verdaderos responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”.
