Condenan a ocho por red que falsificaba actas, cédulas y títulos oficiales

Santiago.– Un juez de instrucción de Santiago impuso penas de entre tres y seis años de prisión a ocho integrantes de la red criminal desarticulada por el Ministerio Público en la Operación Colibrí, tras acoger un procedimiento penal abreviado en el que los acusados admitieron su culpabilidad.

Las condenas más severas, de seis años de cárcel, recayeron sobre Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas. Yanuel Morales Rodríguez fue sentenciado a cinco años, mientras que José Carlos Montero recibió tres años de prisión. Todos aceptaron su responsabilidad en la falsificación masiva de documentos públicos y privados.

En tanto, el tribunal ordenó la apertura a juicio contra otros cinco imputados —Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya— a solicitud del Ministerio Público.

La investigación, coordinada por la Dirección General de Persecución junto a la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público adscrito a la Junta Central Electoral (JCE), reveló que la estructura criminal operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago y se dedicaba a producir y comercializar actas de nacimiento, cédulas de identidad, licencias de conducir, títulos universitarios y de propiedad, así como permisos de porte de armas, dirigidos tanto a dominicanos como a extranjeros.

El juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, validó el acuerdo penal y dispuso la suspensión parcial de las penas, considerando el tiempo ya cumplido en prisión preventiva. Entre las condiciones impuestas figuran la obligación de mantener domicilio fijo, notificar cualquier cambio de residencia, abstenerse de actividades fraudulentas —incluidas las electrónicas— y capacitarse en un oficio lícito. El incumplimiento conllevaría el cumplimiento íntegro de la pena en prisión.

El expediente, de más de 600 páginas, documenta cómo la red se estructuró con roles específicos, apoyada por “buscones” que captaban clientes. Las autoridades incautaron materiales y equipos utilizados para borrar información de actas originales y reimprimir datos falsos sobre papel de seguridad oficial, replicando las medidas de autenticidad.

La acusación se sustenta en más de 800 pruebas y tipifica delitos de asociación de malhechores y falsificación, conforme a los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral.