Yeni Berenice Reynoso afirma que no habrá acuerdos ni reducción de penas en el fraude al SeNaSa

Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que no habrá acuerdos ni reducción de penas para los implicados en el fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al asegurar que el Ministerio Público actúa con firmeza y sin contemplaciones.

Reynoso garantizó que el equipo investigador trabaja “de sol a sol”, sin descanso, en el proceso que dará paso a la Operación Cobra 2.0, relacionada con el desfalco de más de 15 mil millones de pesos, reiterando el compromiso de las autoridades de llevar a los responsables ante la justicia y sancionar con todo el peso de la ley.

Al ser abordada por la prensa, Reynoso señaló que la nueva fase de la operación se pondrá en marcha dentro de un tiempo razonable, debido a la complejidad del caso, aunque evitó ofrecer una fecha específica para no afectar el curso de las investigaciones.

La magistrada reiteró que el Ministerio Público no ha suscrito acuerdos de culpabilidad con ninguno de los 10 imputados en el caso Cobra. No obstante, explicó que a tres de los encartados se les solicitó una medida de coerción menos gravosa, consistente en prisión domiciliaria, atendiendo a criterios procesales.

Reynoso garantizó a la ciudadanía que el órgano acusador buscará condenas contra todos los imputados, entre los que figura el exdirector ejecutivo del SeNaSa, Santiago Hazim, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro Correccional Las Parras.

El juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como cabecilla del entramado de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

En tanto, a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella se les impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como por los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.