El Ministerio Público solicita ratificación de sentencia en caso de tráfico ilícito de migrantes

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona que ratifiquen la sentencia que condena a 10 y 15 años de prisión a cuatro hombres que formaban parte de la red de tráfico ilícito de migrantes agravado, desmantelada con la Operación Iguana.

El órgano acusador solicitará al tribunal de alzada que rechace los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los procesados y que se confirme la sentencia dictada el año pasado en primera instancia por el Tribunal Colegiado de Jimaní. Esta sentencia condena a Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM) en esa localidad, y al inspector Johan Rosario Castillo a 10 años de prisión, y a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán a 15 años de prisión. Además, la sentencia ordena que todos paguen una multa de 150 salarios mínimos.

Las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Procuraduría Regional de Barahona, respectivamente, quienes representan al Ministerio Público en la litigación, explicaron que solicitarán que la sentencia sea confirmada en todas sus partes.

Bejarán y González reiteraron la importancia de sancionar los graves delitos que afectan principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, Joselin Moreta (presidente), Wanda Deñó y Santa Kenia Pérez Féliz, aplazaron este lunes la audiencia para el próximo lunes 29 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana, debido a la ausencia de dos abogados de la defensa de los procesados.

La PETT llevó a cabo la Operación Iguana en el año 2022, realizando nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias de Independencia, Bahoruco y Pedernales, a través de los cuales se desarticuló la red que utilizaba la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones.

Durante los allanamientos, el Ministerio Público arrestó a los acusados y confiscó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

La PETT y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración (DGM), iniciaron la investigación penal de este caso en diciembre de 2021 contra los miembros de la red, logrando obtener pruebas que los vinculan con el tráfico ilícito agravado de migrantes y el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como con otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.

El expediente acusatorio indica que los procesados recurrían a la amenaza y al chantaje para obtener sobornos. Asimismo, privaban de su libertad a las personas retenidas o secuestradas y las mantenían en cautiverio hasta recibir el pago exigido para su liberación, llegando incluso a utilizar amenazas para asegurar la recepción de los pagos.

El grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.