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Santo Domingo, RD.- El año 2025 replantea la configuración del escenario político. Solo el expresidente Leonel Fernández mantiene un activismo entre las figuras de la vieja guardia de la política.
La relevancia del expresidente Fernández ha estado asegurada al ser el virtual candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo para las elecciones de 2028. En ese papel, el exmandatario se ha centrado en el Partido Revolucionario Moderno como el adversario, aunque este no tenga un candidato definido.
Como parte de su actuación en el ámbito político, el líder de la Fuerza del Pueblo ha mantenido un discurso agresivo, centrado en las presuntas deficiencias que percibe en el Gobierno y en el Partido Revolucionario Moderno, especialmente en lo que respecta a las promesas incumplidas y su gestión de la transparencia.
“El gobierno ha fracasado en lo que debía ser un éxito: mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano”, afirmó, mientras cuestionaba la narrativa oficial de honestidad y rendición de cuentas. “Y ahora ha ocurrido lo inesperado. El gobierno se presentaba como honorable, como aquel que rinde cuentas, que es transparente, que persigue la corrupción del pasado. Esa imagen de integridad se ha perdido, porque lo ocurrido con SENASA no solo es un acto de desfalco y corrupción, sino una tragedia nacional”, expresó.
La inhabilitación constitucional del presidente Luis Abinader y del expresidente Danilo Medina, así como la salida del escenario del expresidente Hipólito Mejía, potencian un caudal de aspiraciones en el PRM.
David Collado, ministro de Turismo; Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; y Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), son algunos de los que están trabajando en un proyecto político.
Estos dirigentes desarrollan un proyecto político con cierta discreción debido a la prohibición legal de la campaña electoral, pero no será hasta julio de 2027 cuando el PRM inicie su proceso interno para seleccionar al candidato presidencial.
Hace algunos meses, el presidente Abinader cuestionó el activismo de los aspirantes que ocupan cargos públicos, advirtiendo que tendrían que dejar el gobierno para dedicarse exclusivamente a sus planes presidenciales.
"Soy un presidente tolerante y democrático, pero todo tiene un límite", afirmó Abinader en un mensaje publicado en julio en sus redes sociales, al referirse a las acciones políticas de algunos servidores públicos de cara a las elecciones generales de 2028.
“Continuaremos gobernando para el pueblo, y por eso les digo a todos los precandidatos y a sus coordinadores: no se permiten actos proselitistas por parte de los funcionarios. Si desean hacer campaña, deberán dejar sus cargos”, advirtió.
"Quien desee hacer campaña y proselitismo deberá salir del Gobierno. Mientras tanto, lo que se debe hacer es resolver los problemas de la gente, los problemas de cada institución y los problemas de cada comunidad. Puede haber aspiraciones, pero no puede haber campaña ni proselitismo en ninguna oficina pública", agregó el mandatario.
Incluso, en su calidad de presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza apoyó que los funcionarios con proyectos políticos para 2028 deban abandonar el Gobierno.
"Más allá de un simple anuncio, se debe especificar el día, la hora y el momento en que, si usted desea presentarse, pueda hacerlo y salir inmediatamente de su función gubernamental", expresó Paliza en septiembre.
“Salí del gobierno y no regresé hasta agosto. Es imposible conciliar una candidatura con la gestión pública; si uno quiere ser candidato, debe dejar el gobierno en un día, hora y momento específicos”, insistió.
A partir de enero, el PRM iniciará la renovación de su directiva. En este 2025, se ha promovido la idea de que el presidente Abinader es el mejor candidato para asumir el liderazgo, de modo que el partido pueda retener el poder en 2028.
Excluido el expresidente Danilo Medina de cualquier aspiración política por mandato de la Constitución, en el Partido de la Liberación Dominicana se fomenta el surgimiento de nuevas figuras.
Abel Martínez, excandidato presidencial en las elecciones de 2024, junto con Francisco Javier García, Francisco Domínguez y Charlie Mariotti, son algunos de los interesados en competir por la nominación presidencial en el PLD.
En los últimos meses, ha surgido un movimiento para impulsar a Gonzalo Castillo, excandidato presidencial en 2020, y explorar la posibilidad de una competencia interna.
Entre los partidos minoritarios, el panorama es indefinido de cara a los acontecimientos de 2028.
Este año, el PRM ha tenido que enfrentar escándalos debido a la relación de algunos de sus miembros con el negocio ilícito de las drogas.
Entre los más destacados se encuentran Yamil Abreu, exdirector municipal de Las Lagunas, en Azua; el diputado Miguel Gutiérrez; el exasesor honorífico del Poder Ejecutivo, Fabio Augusto Jorge; y Gaspar Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional.
El exregidor Erickson Herrera Silvestre, la exdiputada Rosa Pilarte, los esposos Juan Maldonado y Faustina Guerrero, y el diputado por Santiago, Nelson Marmolejos, enfrentan un proceso abierto debido a señalamientos relacionados con las drogas.
La situación genera preocupación en el PRM, al grado de que Paliza, en su calidad de presidente de la organización, tuvo que emitir un mensaje en noviembre con un contenido claro. Reconoció que la infiltración del narcotráfico en organizaciones políticas es un problema histórico que no se ha abordado con la debida responsabilidad.
Anunció que los partidos deberán ser "sujetos obligados" conforme a la Ley 155-17, un cambio que busca cerrar la puerta al narcotráfico en la política y someter a las organizaciones a controles antilavado.
La propuesta que el PRM presentará al Congreso convertiría a los partidos en entidades obligadas a reportar movimientos financieros, realizar auditorías internas y verificar el origen de los fondos y de los militantes, tal como ya lo hacen los bancos, las ONG de riesgo y otros sectores regulados.
El presidente del PRM reconoció la indignación ciudadana y aseguró que los expedientes, arrestos y extradiciones que han salido a la luz son prueba de que las instituciones ya no responden a colores ni a presiones.
Lo que ha perdurado como una práctica del pasado y se ha convertido en una violación de la ley electoral es la realización de campañas anticipadas.
Las advertencias de la Junta Central Electoral han sido ignoradas. Los aspirantes del PRM y de la oposición continúan con sus promociones sin temor a ser sancionados.
Desde febrero de este año, el tribunal ha emitido resoluciones respecto al cumplimiento de la Ley Electoral, en relación con la promoción de candidaturas y el activismo.
En un comunicado difundido el viernes 21 de ese mes, la Junta Central Electoral (JCE) advirtió que aplicaría sanciones legales contra los ciudadanos que continúen promocionando sus aspiraciones políticas a destiempo y fuera de los plazos establecidos por la ley.
El máximo órgano electoral amenazó a los políticos con despojarlos de sus candidaturas al momento de inscribirse. La JCE se ampara en el artículo 78 de la Ley 33-18 sobre Partidos Políticos, Movimientos y Agrupaciones para retirar las postulaciones de aquellos que continúen exhibiendo sus aspiraciones mediante consultas previas, anuncios públicos o cualquier otra modalidad de publicidad.
Advirtió que las **promociones políticas** fuera de los **plazos** legales podrían derivar en la ilegalidad de las **precandidaturas** y las **candidaturas**, por lo que se establece "el compromiso de aplicar estrictamente las **sanciones** correspondientes".
En ese contexto, la marcha del 30 de noviembre de Fuerza del Pueblo por diferentes sectores del Distrito Nacional motivó un acto de alguacil por parte de la Junta hacia el partido liderado por Leonel Fernández, debido a la supuesta violación de la ley.
Este año se tiene previsto concluir con la Junta Central Electoral el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, con una inversión superior a los 6 mil millones de pesos. Este documento será el único legal para ejercer el voto en los comicios de 2028.
Es un proyecto de Estado que impacta la identidad y, por ende, nuestra soberanía. Se está llevando a cabo en estricto cumplimiento de la ley y bajo los más altos estándares de transparencia e integridad.
En lo que respecta al aspecto económico y los recursos que conlleva la implementación de un proceso como este, la JCE ha llevado a cabo una planificación con el objetivo de proporcionar a la ciudadanía un documento de identidad seguro y con una durabilidad superior a diez años.
Las nuevas cédulas estarán fabricadas con policarbonato, un material que tiene una durabilidad promedio de 25 años y dificulta la manipulación de la información.
El plástico incluye el número de cédula en relieve táctil, una innovación diseñada específicamente para que las personas con discapacidad puedan identificar su cédula de manera autónoma a través del tacto.
Claro, pero parece que el texto que proporcionaste está incompleto. Si puedes proporcionar el párrafo completo, estaré encantado de ayudarte a corregirlo.
