
Santo Domingo, RD.- En cumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal, las autoridades arrestaron este martes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a una dominicana acusada del delito de ultraje al Himno Nacional.
El arresto de Alicia Anabel Santos Díaz, de 54 años, se llevó a cabo en virtud de la Orden Judicial número 2025-AJ0051862, emitida por la jueza Fátima Veloz del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, el 7 de agosto de 2025.
La orden de arresto contra Santos Díaz, residente en Estados Unidos, está relacionada con una investigación por la comisión de actos delictivos tipificados y sancionados en los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana.
La investigación incluye a Yoseli Castillo Fuertes. Ambas imputadas organizaron la difusión del texto titulado “Pájaros, lesbianas y queers ¡A volar!”, un evento en el que invitaron al público presente a ponerse de pie y cantar lo que denominaron el “Himno Nacional”, utilizando la misma música pero con la alteración de la letra.
Durante el acto, que se organizó y llevó a cabo en uno de los salones del Centro Cultural de España, en la Zona Colonial, las dos imputadas incurrieron en un ultraje contra el Himno Nacional, símbolo sonoro de la Patria consagrado en el artículo de la Constitución dominicana, que establece que es único e invariable.
Además de recopilar las evidencias del hecho difundidas en las redes sociales, el Ministerio Público recibió denuncias formales de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), del Instituto Duartiano y de otras organizaciones que exigen la aplicación de las sanciones establecidas en el marco jurídico dominicano.
La orden de arresto establece, en uno de sus considerandos, que, si bien la libertad es la condición natural del ser humano y constituye, después de la vida, el bien jurídico más preciado según nuestra Constitución, también es cierto que esta dispone que, cuando el orden público y las buenas costumbres se vean afectados por cualquier hecho de un ciudadano, la libertad podrá ser restringida mediante una orden motivada por una autoridad judicial competente, como lo es el Juez de la Instrucción.
Además, la jueza emitió la orden de arresto debido a que las investigadas son residentes en el extranjero, lo que implica que "pueden sustraerse del proceso por su condición transitoria en el país".