
La historia nunca se repite exactamente excepto como farsa, pero esta vez lo ha hecho como advertencia treinta y seis años después. El traslado forzoso de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a Nueva York, tras ser capturados y puestos bajo custodia federal estadounidense, remite inevitablemente a un precedente que marcó a América Latina: el caso de Manuel Noriega.
Entre uno y otro hay más de tres décadas, contextos distintos y una región transformada, pero la lógica de fondo es sorprendentemente similar: cuando Washington decide que un gobernante ha cruzado la frontera del delito común, el poder deja de ser escudo.
En 1989, Noriega era el hombre fuertede Panamá. No era presidente electo, pero controlaba el Estado, las fuerzas armadas y la vida política.
Durante años había sido aliado útil de Estados Unidos, colaborador en tareas de inteligencia y pieza funcional en el tablero regional. Esa relación se quebró cuando el narcotráfico dejó de ser un rumor y pasó a convertirse en un expediente penal.
Acusado por tribunales federales de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, Noriega fue el objetivo central de la Operación Causa Justa, una invasión militar abierta que sacó a Panamá de la normalidad institucional y dejó cientos de muertos.
Refugiado en la Nunciatura Apostólica, terminó entregándose el 3 de enero de 1990. Fue trasladado a Miami, juzgado como un delincuente común y condenado a largas penas de prisión. La Corte rechazó su alegato de inmunidad: el narcotráfico, sentenció el sistema judicial estadounidense, no es un acto soberano.