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mónica spear y henry thomas berryLa independencia del Ministerio Público, promovida con determinación por el presidente Luis Abinader, representa un avance institucional sin precedentes. Por primera vez, el poder político ha cedido control sobre la persecución penal, abriendo la puerta a una lucha anticorrupción más creíble y robusta. Sin embargo, la justicia no termina con la acusación: son los jueces quienes tienen la última palabra. Y ahí reside el mayor riesgo para la integridad del proceso.
Buena parte de esos jueces fueron seleccionados bajo los gobiernos del PLD y de Leonel Fernández, mediante mecanismos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que fueron en su momento cuestionados por afinidad política, amiguismo y conveniencia personal. Esa estructura, heredada intacta, es la que hoy decide casos que involucran a exfuncionarios del propio PLD y de la Fuerza del Pueblo. La ironía es evidente; los riesgos, también.
El caso Henry Molina: un ejemplo de continuidad política en la justicia
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña, es un símbolo visible de esta herencia. Fue designado por el CNM el 5 de abril de 2019.
Su trayectoria en gobiernos peledeístas es extensa: viceministro de la Presidencia (2012–2016), presidente del INDOTEL hasta 2019, Admitió su militancia en el PLD durante las vistas del CNM.
Aunque renunció al PLD el mismo día en que fue juramentado como presidente de la SCJ, esa renuncia fue calificada por dirigentes políticos como un gesto insuficiente para borrar su vínculo partidario.
Molina encarna, más allá de su figura personal, el origen político del sistema judicial que hoy determina la suerte de los grandes casos de corrupción.
La alerta nacional: las sentencias pueden convertirse en la nueva estrategia política
Existe un riesgo que no debe subestimarse.
El país debe estar atento frente a los casos por corrupción sometidos a la justicia, porque una manera de desacreditar la lucha anticorrupción y los esfuerzos del presidente Abinader puede ser que la oposición aconseje a sus jueces dictar sentencias benignas.
Esto podría tomar forma —por ejemplo— en expedientes como el caso SENASA, donde el impacto político y mediático es significativo.
No se trata de teorías conspirativas. La dinámica política reciente lo demuestra.
Reacciones de la oposición: un discurso coordinado contra la gestión gubernamental
Durante 2025, el PLD y la Fuerza del Pueblo intensificaron sus ataques al Gobierno, utilizando precisamente los temas de corrupción, incluyendo el caso SENASA, como armas políticas. Según reportes periodísticos, la oposición acusó al Gobierno de una crisis financiera en la institución, denunciando una supuesta malversación millonaria y cuestionando directamente la gestión oficial.
El caso SENASA se convirtió en bandera opositora, al punto que se denunció públicamente una malversación superior a 15,900 millones de pesos, con implicados sometidos a prisión preventiva.
La oposición utilizó este expediente como ejemplo para acusar al Gobierno de mala administración y debilidad institucional, aun cuando las investigaciones avanzaban con un Ministerio Público independiente.
Al mismo tiempo, líderes como Leonel Fernández aumentaron el tono confrontacional, aprovechando cada fallo judicial o crisis institucional para cuestionar la capacidad del Gobierno de garantizar una justicia imparcial. Durante el 2025, la oposición “intensificó sus críticas” y presionó a la opinión pública con señalamientos sobre corrupción, manejos administrativos y fallas estructurales del Estado.
Esta estrategia política coordinada, ya evidente en foros, medios y declaraciones, abre la puerta a un riesgo mayor:
que actores políticos intenten valerse de los jueces designados en sus gobiernos para dictar sentencias que desacrediten la lucha anticorrupción y al propio Ministerio Público independiente.
Los riesgos estructurales son reales
Los mecanismos para debilitar la lucha anticorrupción no tienen que ser explícitos:
Aplazamientos estratégicos pueden desgastar expedientes.
La interpretación flexible de la prueba puede favorecer a imputados ligados al pasado político reciente.
Cualquier error técnico puede ser elevado a argumento central para tumbar un caso.
Si esto ocurre —en casos como SENASA o cualquier otro expediente de corrupción— la responsabilidad política recaerá directamente sobre quienes diseñaron y controlan por años la composición del Poder Judicial: el PLD y el liderazgo de Leonel Fernández.
Conclusión: la justicia del presente sigue cargando con el pasado
Por eso, la pregunta central para el país es:
¿Permitiremos que un Poder Judicial heredado, con vínculos históricos comprobables, pueda neutralizar la lucha anticorrupción desde dentro?
La República Dominicana no puede permitirse que la lucha anticorrupción se desacredite desde los tribunales.
El Gobierno ha impulsado la independencia del Ministerio Público, pero la independencia total del sistema depende de la otra mitad del engranaje: los jueces.
La oposición, que hoy critica cada paso del gobierno de Abinader, es la misma que construyó el andamiaje judicial que hoy podría inclinar la balanza en casos de alta sensibilidad política.
Por eso, el país debe mantenerse vigilante:
no basta con tener fiscales independientes si los jueces que decidirán los casos fueron escogidos en función de lealtades políticas del pasado.
La última palabra en justicia no debe escribirse con tinta partidaria, y la ciudadanía tiene la obligación de exigirlo.
