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La Cámara de Diputados dejó claro que la reforma al Código de Trabajo será sancionada en la próxima legislatura, que inicia el 27 de febrero, aun cuando no se alcance un acuerdo definitivo entre empresarios y sindicatos.
Los legisladores afirmaron que el Congreso hará uso de sus facultades constitucionales para avanzar con una normativa que consideran impostergable.
Según los parlamentarios, el proyecto ha sido ampliamente debatido y el país no puede continuar rigiéndose por un marco laboral con más de 30 años de vigencia.
En ese contexto, el presidente de la comisión encargada del estudio de la reforma, Mélido Mercedes Castillo, subrayó que corresponde al Congreso tomar decisiones incluso cuando persisten desacuerdos entre los sectores sociales.
“Si no hay consenso, la Cámara debe decidir. Esa es nuestra responsabilidad”, sostuvo el legislador, al tiempo que expresó su deseo de que se logren acuerdos antes de la aprobación final.
La reforma ha provocado intensas discusiones, especialmente en torno a la cesantía, los derechos adquiridos y las modalidades de contratación, temas en los que empresarios y sindicatos no han logrado una posición común, pese a que el proyecto original surgió de un diálogo tripartito previo a su llegada al Congreso.
Los diputados reiteraron que el proceso legislativo garantizará los derechos adquiridos de los trabajadores.
No obstante, el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) cuestionó que la Cámara Baja no acogiera el texto aprobado por el Senado, el cual, según afirmó, contó con el respaldo de todos los sectores involucrados.
“Lo más inteligente era aprobarlo tal como llegó; a veces el ego lleva a querer imprimirle sellos personales”, criticó.
En respuesta, Mercedes Castillo explicó que la comisión también fue apoderada de otras tres iniciativas legislativas, lo que obligó a un análisis integral de las propuestas disponibles, luego de que solo una de ellas fuera retirada por sus proponentes.
