
La defensa de Gonzalo Castillo acusó este viernes al Ministerio Público de sostener un esquema deliberado de protección en favor de José Pablo Ortiz Giráldez, a quien señaló como un operador central en los hechos atribuidos al expediente judicial que involucra al exfuncionario y como figura recurrente en presuntos arreglos financieros ilegales relacionados con el escándalo de Senasa.
El señalamiento fue formulado por la abogada Laura Acosta durante una audiencia celebrada en el Segundo Juzgado de la Instrucción, donde integra el equipo de defensa junto a los juristas Nassef Perdomo y Luis Rivas.
Acosta sostuvo que el órgano acusador contaba desde hace años con información suficiente para frenar las supuestas operaciones ilícitas atribuidas a Ortiz Giráldez, pero optó por no actuar con el objetivo de preservarlo como testigo estratégico en procesos dirigidos contra exfuncionarios del pasado gobierno.
Como parte de sus argumentos, la abogada presentó documentación que demuestra que en enero de 2022 el Ministerio Público solicitó información sobre la empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud, propiedad de Ortiz Giráldez.
Sin embargo, señaló que ocho meses después, al momento de ser interrogado, las autoridades aceptaron su versión de que no poseía bienes, pese a los indicios existentes.
Según la defensa, para esa fecha Ortiz Giráldez ya utilizaba la empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud como vehículo para realizar operaciones que habrían perjudicado financieramente al Seguro Nacional de Salud (Senasa), comprometiendo recursos públicos.
“La inacción del Ministerio Público no fue casual, sino funcional a una estrategia de persecución penal selectiva”, afirmó Acosta, al advertir que este tipo de actuaciones debilitan la credibilidad del sistema de justicia y ponen en entredicho la igualdad ante la ley.